No hace mucho tuvimos que ocuparnos en contestar a una pregunta en este mismo medio, H50, sobre la supresión de la policía en 1840, y hoy, a riesgo de resultar empalagoso y pesado, quiero volver sobre el tema. La insistencia, en hacer de la policía de Fernando VII una policía política y un instrumento de represión feroz de liberales, me obligan a ello. Hoy se dedicará nuestro análisis al primero de esos asuntos, dejando el segundo para otra ocasión.
Ya se ha demostrado por activa, pasiva y perifrástica que esa afirmación, supresión de la policía, es falsa. Hasta ahora, el argumento más recurrido utilizado para decir que fue una policía política ha sido básicamente este: la existencia de la policía secreta. A pesar de que está más que demostrado de que fue una organización policial fantasma que nunca existió. En realidad, se quedó en bastante menos: en una partida presupuestaria destinada al pago por información. Se asistió de esta manera a la aparición por primera vez en los primeros Presupuestos Generales del Estado, los de 1827, de los fondos reservados. No sería la última, porque, en muy pocos de los aprobados desde esa fecha, ha faltado una partida para este fin, debido a la discrecionalidad en que se dejaba al Gobierno para su utilización.
Del dinero destinado a la Policía secreta, se puede conocer desde quiénes lo cobraron hasta el tipo de información que suministraron. La red de confidentes, de gente pagada para que la obtuviera, se fue organizando y perfeccionando con el tiempo hasta el punto de que se llegó a constituir una red perfectamente estructurada. Uno grupo muy activo de informantes estaba constituido por damas de alta sociedad, que frecuentaban los salones de la alta burguesía, que padecían necesidades económicas. Lo dice José Zorrilla en su libro de memorias, “Tiempos viejos”. Este asunto le llegó a él de primera mano: su padre, José Zorrilla Caballero, fue Superintendente General de Policía durante casi tres años. Para estas cosas sirve trabajar los archivos y conocer la bibliografía. Como las ciencias avanzan que es una barbaridad, cada vez con más frecuencia, basta con molestarse en entrar y buscar en Internet.
Como parecía ser poco, han ido apareciendo en el Diario de Sesiones del Congreso y en la prensa de la época otro argumento en contra de esa supresión, que deja al descubierto cada vez más las creencias de los visionarios de la historia. El más importante se contiene en el Diario de Sesiones. Se trata de la discusión parlamentaria de las partidas presupuestarias del Ministerio de la Gobernación el año 1841. Esa discusión tuvo lugar el 13 de julio, ocho meses después de la aparición del Real Decreto. Uno de los motivos de asombro en algún diputado fue que apareciera dentro de ellas una, de “gastos imprevistos”. Se asignaban para este fin 300.000 reales y se podían utilizar con toda discrecionalidad por el Ministerio. Es decir, se podrían utilizar para pagar por información. No se había suprimido nada.
¡Maldición! ¿Qué había sucedido? Pasó que alguna de las expectativas previstas en la justificación del Real Decreto de 3 de diciembre de 1840, no se cumplieron. El comportamiento observado por los ciudadanos demostró que nunca se iban a cumplir. El patriotismo de los españoles no les llevó a colaborar gratis et amore con las autoridades, suministrándoles la información que necesitaban a cambio de nada. Sucedió que los españoles cerraron la boca, que, no en vano, advierte el refrán de que, en boca cerrada, no entran moscas. Dejar de pagar por información se demostró en muy pocos meses que había sido un tremendo error, por lo cual la administración se vio obligada a rectificar.
La solución, que se buscó en los presupuestos generales para salvar una situación tan incómoda, no pudo ser más simple. Dado que había que mantener esa partida, disminuida un tanto, de policía secreta, bastaba con mantenerla en los presupuestos, rebautizada. Así, se podría defender sin inmutarse ante el pueblo y ante quien fuera menester que la policía tanto pública como secreta había dejado de existir.
Esta supresión resultó de una ingenuidad elevada al cubo. Resulta que, según confesión de otro diputado, en ese mismo debate la policía no pudo ser suprimida. Si lo hacían, el Ministerio de la Gobernación y los Jefes Políticos –los gobernadores civiles, ese año- se quedarían en ayunas en cuanto a información y se exponían a tomar decisiones erróneas. Los ayuntamientos, en su mayoría, se negaban a suministrar noticias, alegando que ellos eran independientes y autónomos. Con este panorama, ¿cómo se podrían organizar los procesos electorales? ¿Cómo se había pensado exigir a un ciudadano normal, expuesto a mil y una represalias que colaborase, si las mismas autoridades municipales de los pueblos no se atrevían a hacerlo?
¿Poco seria esta solución de rebautizar las cosas? El Ministro de la Gobernación, el general Don Facundo Infante sostuvo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que la policía había dejado de existir. La razón esgrimida para ello era que en esos momentos la palabra policía se había hecho odiosa y había sido suprimida hasta del diccionario. En 1841 lo que existía era el ramo de Protección y Seguridad Pública, del que además se narraban varios servicios muy relevantes. Uno de ellos fue el descubrimiento de una “fábrica” de billetes falsos (cuya investigación y descubrimiento no debía constituir una función policial). El argumento, como se puede valorar, fue suficiente para convencer a sus oyentes y, lo que es peor, a los más talentosos historiadores, que le han seguido repitiendo incansablemente después.
El anterior cambio de nombre se había producido el 18 de agosto de 1836. ¿Adivina el lector cuál era el anterior? Es muy fácil. “Subdelegación especial de Policía”. Había sido el que sustituyó al anterior de “Policía General del Reino”, cuya cabeza, la Superintendencia General de Policía había sido suprimida a finales de 1835.
Lo asombroso de este caso no es solamente las mentiras vertidas por el general Facundo Infante en el Congreso de los Diputados, si no que hayan perdurado tanto en el tiempo, consiguiendo que haya actualmente quienes las repitan sin inmutarse y siguiendo, con ello, el ejemplo dejado por este general. ¿Será una coincidencia? Los que lo hacen, casualmente son los mismos que niegan la continuidad en el tiempo de un Cuerpo de Policía, dando como argumento básicamente, que le hayan cambiado el nombre de una forma repetida a lo largo de sus dos siglos de historia.
