La “Ley del solo sí es sí” o “Ley Montero” sigue generando gran polémica en España. El texto impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, modificó el artículo 178.1 del Código Penal generando un tsunami de revisión de penas de prisión con cientos de rebajas de condena y excarcelaciones en todo el panorama nacional. A ello se le suma un hipotético caso de detenciones masivas de hombres con la aplicación de esta nueva ley que generaliza todos los actos sexuales no consentidos como delito.
Las consecuencias de esta ley sobre la sociedad del presente (y concretamente sobre los ciudadanos de género masculino) pueden generar casos dignos de marcar un momento histórico a nivel mundial y sin precedentes en la era moderna. Todo ello parte de un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el pasado 8 de febrero donde se afirma que un 21,7 por ciento de mujeres adultas en España, en torno a 3,5 millones, reconoce haber sufrido alguna agresión sexual a lo largo de su vida. De ello se desprende que de los más de 23,2 millones de hombres que constan en España, es decir, cerca de 1/4, serían considerados delincuentes y condenados a prisión con la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
El CIS también llega a afirmar que casi un 80% de españoles conoce a una mujer que ha sido agredida sexualmente. Ello implica que, en base a estos resultados y de hacer una encuesta inversa, cerca de un 80% de los españoles podrían conocer a un hombre que ha cometido delito de agresión sexual y ser detenido o encarcelado.
Los datos estadísticos son tan frívolos como las consecuencias que se desprenden de ello. El CIS indica que un 35,1 por ciento de españoles en su círculo familiar o de amistades; un 27,2 por ciento en la zona donde vive, en su vecindario; y un 17,5 por ciento en su lugar de trabajo o estudio también conocería a una mujer que ha sido agredida sexualmente. Y es que, mirando los resultados desde un punto de vista inverso, se podría llegar a dar el caso de que miles de españoles conocerían también a un hombre autor de un delito de agresión sexual.
Lo que desde algún sector se ha llegado a calificar como “engendro” o “chapuza legislativa”, podría derivar en una auténtica cacería de hombres ante el hipotético caso de que dichos datos estadísticos revelados por el CIS se hiciesen realidad o dichas afirmaciones realizadas por las encuestadas se materializasen a modo de denuncia formal ante las autoridades competentes.
Todos estos supuestos, todavía sin hacerse realidad, conducirían a una grave vulneración de derechos y atentaría directamente contra la presunción de inocencia. Tan solo una denuncia interpuesta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrían conducir hasta calabozos a un varón sin dar opción alguna a defensa previo paso por los juzgados, tan solo con su derecho de asistencia jurídica gratuita o posibilidad de solicitar un “habeas corpus”. También hay que hacer alusión al posible quebrantamiento del artículo 14 de la Constitución Española chocando de bruces contra el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
