Cuando un menor es víctima de algún tipo de violencia (abusos, malos tratos, lesiones), lo habitual, hasta el momento, es que se le tome declaración en la policía, en el juzgado y en la unidad de valoración forense. Lo que implica que el menor debe contar y revivir su historia de violencia una y otra vez: en diferentes ocasiones y ante diferentes personas, muchas de las cuales no tienen especialización alguna en infancia o adolescencia provocando una victimización secundaria. Declaraciones que, además, se hacen en instancias diseñadas desde una visión adulta y, por tanto, hostiles para esos menores.

En aras de paliar esa disfunción, en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 1 de octubre de 2021 se está desarrollando, con muy buenos resultados, un proyecto piloto de creación de un Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, bajo la dirección del Magistrado D. Tomás Luís Martín Rodríguez. Un juzgado diferente, sin togas, sin rigideces y sin puertas cerradas, con pizarras, cuentos y gafas de realidad virtual.

Un ambicioso proyecto pionero no solo en el ámbito nacional sino en todo el territorio europeo, con proyección a todo el territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Proyecto que busca especialización para la instrucción de las causas penales por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Especialización que debe otorgar una atención integral y humanizada a esas víctimas con necesidades especiales alcanzando a todos los actores intervinientes lo que ha promovido la creación de la primera Unidad Integral de Valoración Forense de Violencia Contra la Infancia y Adolescencia de la que forman parte dos médicos forenses, y una profesional de la psicología forense.

Dicha ley viene a establecer la obligatoriedad de preconstitución de la prueba en determinados delitos en relación a víctimas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, buscando con ello evitar la doble victimización, debiendo, si las circunstancias lo permiten, llevar a cabo una única toma de declaración, ante el órgano instructor, la cual se llevará a cabo a través de expertos y haciendo uso de medios tecnológicos, que eviten el encuentro entre víctima e investigado, cumpliendo con todas las previsiones legales al objeto de garantizar su plena validez en el posterior procedimiento judicial.

Asimismo se ha logrado adaptar los espacios basándose en el concepto de “arquitectura de la víctima”, adecuando las salas de exploración donde se realizan las diligencias presenciales ineludibles, buscando con ello crear un entorno amigable y respetuoso con las necesidades tanto de los niños y niñas como de los y las adolescentes víctimas. Es de destacar que la toma de declaración se efectúa en la denominada sala Gesell, en un único acto, contando con un sistema de videoconferencia que permite tanto su grabación como conexiones simultáneas en espacios diferentes, como son el Instituto de Medicina Legal y Forense, el juzgado y la sala de exploración adaptada a la infancia, permitiendo la interacción necesaria sin que la víctima deba acudir a una tradicional sala de vistas reduciendo de este modo su ansiedad.

A fin de cuentas el objetivo no es debe ser otro más que “humanizar la justicia” y reducir, en la medida de lo posible, el daño que se les ha causado y evitar ante todo que vuelvan a ser victimizados.

Autor: Felipe González Pinheiro | Subinspector de la Policía Nacional