La asociación Independientes de la Guardia Civil –IGC– denuncia que dos de sus representantes en Baleares han sido expedientados tras denunciar el “problema” del amianto en el cuartel, un problema que está lejos de solucionarse.
Remarcan desde esta asociación que “desde la llegada de un nuevo mando al cuartel, una mujer y hombre guardias civiles que son pareja, están sufriendo acoso y confrontación por ejercer su representación asociativa, debido a que elevan, para conocimiento de los superiores, situaciones y hechos que consideran problemas a resolver en beneficio del colectivo y que en ocasiones puede llegar a suponer un grave perjuicio para la salud de los agentes, como el caso de la existencia de amianto en numerosos cuarteles debido a su antigüedad”.
Exponen a su vez la enemistad manifiesta de un suboficial hacia ellos, al que se han visto obligados, incluso, a denunciar en el Togado Militar. “El citado mando, en febrero del pasado año, les ordenó elevar una instancia que ellos entendían no se ajustaba a derecho, a lo que se negaron y desde entonces la estancia en la Unidad les está suponiendo un auténtico infierno, hasta el punto de que el Oficial Jefe de Puesto les asigno unos turnos para su mejor conciliación familiar, y aquel se los retiró, causándoles tal hecho un grave perjuicio y repercutiendo en un derecho ya consolidado”.
Indica que “parece ser que el citado suboficial no debe entender bien la norma que ampara a los representantes de asociaciones profesionales, puesto que estos y según la normativa tienen potestad para poner en conocimiento tanto de los diferentes escalones de mando como de las administraciones e instituciones cualquier anomalía o incidencia que detecten y que afecte al colectivo, y todo ello en calidad de delegada y subdelegado, y no como guardias civiles”.
Denuncian “a nuestros representantes en Baleares se les ha abierto expediente disciplinario por parte de este mando por el hecho de elevar consulta sobre una serie de anomalías observadas en la Unidad y que están a la espera de resolverse, entre ellas que las paredes del puesto pudieran contener amianto y que hasta la fecha nadie ofrece respuesta”.
Desde IGC lamentan que este tipo de episodios sigan ocurriendo en pleno siglo XXI, mostrando su más profunda preocupación por el hecho de que sus representantes en esa zona estén en la actualidad de baja médica, con lo que ello conlleva y su trascendencia tanto laboral como personal, ya que la situación para ellos se ha vuelto insostenible ante tal presión.
