Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil –IGC– remarcan que han tenido conocimiento de la adquisición de 157 nuevas motos eléctricas para el SEPRONA y de 380 nuevos coches “ecológicos”, pero lamenta que por la falta de puntos de recarga se deban encontrar estacionados.
Exponen que urge renovar el parque automovilístico del cuerpo policial, “puesto que aún se prestan servicios con vehículos con más de 15 años y de más de 400.000 km pero no nos cabe otra que criticar la planificación de la Guardia Civil para adaptarse a las normativas que requieren del empleo de medios ecológicos, ya que, si bien aplaudimos tal adquisición, no vemos con buenos ojos su organización, toda vez que antes de adquirir nuevos vehículos se debiera de haber hecho una correcta política de inversión en la instalación de tales puntos”.
Inciden en que tienen dudas de que las nuevas compras para renovar la ya de por si antigua flota de vehículos existente, sean eficaces a corto plazo, ya que, a la falta de los puntos de recarga, “nos albergan serias dudas de que su autonomía permita realizar unos servicios eficaces a la ciudadanía”. Así y según figura en las características técnicas, las motos dispondrían de una autonomía de tan solo cuatro horas, con un tope de 143 kilómetros en ciudad y de 63 en carretera, insuficiente, a su juicio, para, por ejemplo, los servicios que realiza el SEPRONA, que se desarrollan mayoritariamente en lugares aislados como es el campo o que pudieran prolongarse. Tampoco tienen claro que el tiempo estimado que se emplea para su recarga sea un aliciente a la hora de adquirir este tipo de vehículos para estos cometidos.
Entienden que mientras se hubiera completado la instalación de esas estaciones de carga, se debiera de haber apostado por vehículos híbridos, que combinan el combustible con una batería que se recarga mediante el movimiento del coche, de esa forma no se tendría tanta dependencia ofreciendo, si cabe, mayor autonomía y disponibilidad en caso de horarios prolongados.
Además, indican, que los ya adquiridos debieran destinarse a recintos y servicios donde existe mayor probabilidad de puntos de carga, no solo propiedad de la Guardia Civil sino del resto de administraciones, como puertos, aeropuertos, centros penitenciarios y vigilancia de edificios e instalaciones, no distribuyéndolos en unidades aisladas, que encontrarían muchas más dificultades a la hora de prestar el debido servicio con estos vehículos.
Pues un fiel reflejo del Gobierno que tenemos. En vez de atajar los problemas que ya tenemos, crean otros nuevos. Y todo mientras nos hacen creer que son la leche (cumpliendo de lleno con lo dispuesto desde arriba, desde las altas esferas —Unión Europea y compañía—).
Comprar una flota de vehículos eléctricos (de escasa eficacia —por su autonomía— para el uso policial) sin tener la infraestructura como para sustentar la misma. Políticas mediocres de un Gobierno mediocre.
Que lleguen pronto las generales. Necesitamos aire fresco.