La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes por unanimidad de todos los partidos políticos una Proposición No de Ley del Partido Popular que insta a crear una Unidad de Prevención y Reacción -UPR- de la Policía Nacional en la comisaría de la Línea de la Concepción en Cádiz. Una petición histórica de los sindicatos policiales CEP y SUP, que desde hace años reclaman la creación de esta unidad a fin de dar solución a la alta tasa de criminalidad de la ciudad, y que ha salido adelante gracias al compromiso alcanzado con el Grupo Parlamentario Popular.
Ignacio Romaní subrayó que la UPR serviría de apoyo para el resto de la comarca del Campo de Gibraltar, pues los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera destinados en esta zona están sometidos a unas condiciones laborales especiales “por la carga de trabajo, por el mayor riesgo de las actuaciones debido a la escalada de violencia o por las presiones y tensiones externas que sufren en su vida profesional y familiar, una UPR mejoraría sustancialmente sus condiciones laborales”.
Lamentó la grave situación de seguridad que padece el Campo de Gibraltar, afectado por el tráfico de drogas y el contrabando realizado por bandas extremadamente violentas: “Su situación facilita no solo el desarrollo de una actividad ilícita de carácter local, sino que también atrae poderosamente la atención de grupos criminales con un elevado grado de especialización y preparación logística”, a la vez que resaltó que en La Línea de la Concepción es preciso establecer actuaciones que son propias de las funciones de la UPR, pues no existe en esta ciudad una unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones promovidas por las mafias.
Se hizo hincapié en la dificultad para aplicar la legalidad en este lugar debido a la insuficiencia de medios materiales y humanos con la que cuentan las fuerzas de orden público, la pérdida del principio de autoridad, la continua movilidad de funcionarios y la falta e Juzgados especializados. Sobre esto, recuerda los graves incidentes contra agentes de la autoridad en los últimos años, mencionando los altercados del pasado mes de mayo, que merman el principio de autoridad y ponen de manifiesto la necesidad de crear una UPR.
Asi mismo, la más y más responsable del área interior del Grupo parlamentario Popular en el Congreso doña Ana Belén Vázquez blanco defendió una iniciativa relativa a poner en marcha un plan nacional global, integral y coordinado de formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mejora del conocimiento y concienciación de los usuarios en materia de tecnologías de la información.
Y es que las últimas estadísticas de la Secretaria de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior apuntan a un fuerte repunte de la ciberdelincuencia, por tipos penales, el indicador de las estafas informáticas (191.160 delitos, que representan el 87.9% de toda la cibercriminalidad y el 11.0% de toda la delincuencia registrada hasta septiembre) presenta un incremento del 96.6% sobre el mismo período de 2019.
Para comprender mejor todavía la evolución de la cibercriminalidad, y su impacto sobre el conjunto de la criminalidad, los datos de los ‘últimos 12 meses’ del tipo de delitos de estafas informáticas suman un total de 254.934, frente a 140.354 en el conjunto de 2019 y 45.894 registrados en 2016. Eso implica que, en apenas seis años, las estafas informáticas conocidas en 2022 crecieron un 455.5% sobre las registradas en 2016.
