Un artículo de Juan Pablo de Anca Cuesta*
Existe fijación de algunos sectores por enfocar el debate de la seguridad en los vínculos entre la criminalidad y la inmigración, ya conocemos las diferentes posturas, por un lado, están los materialistas que reducen todo a las diferencias económicas y abogan por regalar dinero, por otro está la opinión de quien defiende que la criminalidad es un fenómeno multivariante que tiene un trasfondo cultural, que no considera determinante la condición económica. También hay un sector residual que defiende que el crimen es cuestión de raza o de religión.
Hoy nos referimos a un estudio reciente publicado en Chile, que nos permite concluir que los responsables de la delincuencia son sus promotores desde la política.
En 2021 ganaron las elecciones los “demócratas” un movimiento populista vinculado a la izquierda bolivariana. Usaron las sus estrategias más frecuentes, montar una revolución de colores para sumir el proceso electoral en el caos (1) y contratar a una empresa para el recuento de votos (2), en el proceso competían Indra y Smarmatic, ganó la segunda. ¿Había competencia real o las dos empresas pertenecen a los mismos accionistas?
Un algoritmo de recuento permite baremar los votos atribuyéndoles en el recuento final un valor ponderado, por ejemplo, que cada voto (1), tenga en el recuento final un valor de 0,9 si es de un partido y de 1,1 si es de otro partido, en función de quién quiera el controlador que gane las elecciones. En ese supuesto varía el valor de cada voto en un 10%. No sabemos si ocurre porque el algoritmo es una caja negra y a partir de que se introducen el número de votos de las mesas en la aplicación, el control del resultado está en manos de estas empresas, sus accionistas pueden elegir al Gobierno. Para contar votos no hacen falta algoritmos si cada voto vale 1, eso ya lo hacen con los delitos en la estadística de seguridad, vale 1 un hurto y un homicidio.
Seguimos con el organigrama del Gobierno de Chile. Junto al departamento de la Presidencia en su web está la Coordinación Sociocultural. La Sanidad, la Educación Pública o las pensiones son un pretexto para sacar a sus seguidores a manifestarse, lo que preocupa a los marxistas es invertir los valores a través de la cultura. A sus jefes les interesa que todo sea privado.
Una vez conquistado el poder veamos qué ocurre con la delincuencia:
El artículo publicado por Esteban González y Jaime Pinochet en el Diario Chileno La Tercera alumbra lo que ocurre con la criminalidad en España y lo que ha ocurrido antes en otros países:
- La percepción de inseguridad es más alta, el temor a ser víctima de un delito también, pero los datos oficiales no demuestran que haya más delitos.
- No hay más cantidad de delitos en la estadística porque se introducen dentro del mismo saco todos los delitos. Todos valen 1.
- Los delitos son más violentos que antes y el país es más inseguro para vivir. “Hay bandas que pretenden instalarse con nuevas modalidades de delito y son extranjeros”, la criminalidad es importada de México, Venezuela y Colombia, son secuestros. Los asesinatos a sangre fría en Chile son diarios, “solo el primer semestre de este año se llegó a 456 homicidios, un 42% más que el primer semestre del año anterior. En promedio, el primer semestre de 2022 hubo cerca de 2.5 homicidios por día.
- El comercio cierra más pronto por miedo a la delincuencia desde el estallido social de 2019, previamente hubo una inversión masiva en medios de seguridad privada como alarmas y cámaras de vigilancia. Un 58.6% de negocios fue víctima de un acto delictivo en su local, desde entonces aumentó el temor a las protestas y se redujo el horario de atención al público.
- Se cometen más delitos de los que se denuncian. Aumenta la cifra negra de la criminalidad y la impunidad. “Si las personas no denuncian estamos ciegas, no sabemos dónde se cometen los delitos y qué tipo son”, advirtió la ministra del Interior. El 32,6% de los delitos son denunciados, un 67,4% de casos son desconocidos para el sistema. Un 52,4% de quienes afirmaron que les robaron en los últimos seis meses, no realizó una denuncia. Un 58% de los comerciantes no denunció. De los denunciantes, el 71% señaló no haber obtenido un resultado esperado.
- El cierre de calles y plazas por los ayuntamientos fue una medida colectiva que obligaba a identificarse a los vecinos para entrar, pero que benefició a las bandas callejeras para imponer el control de los barrios frente a los vecinos. Fue declarado ilegal en un principio, pero el Gobierno lo ha autorizado. El final de esta medida acaba en el vallado de recintos para evitar la entrada de la Policía. O sea, zonas NO-GO en Occidente, barrios de Bruselas, París, Mälmo o Frankfurt, se parecen más a las Favelas Brasileñas, a Ciudad Juárez, o a los feudos demócratas de Detroit y Baltimore.
- Hay más armas en manos de la población. A septiembre de 2022, se registraron 767.083 armas, casi 11 mil armas más que el año 2019. Cada año se suman entre 7 mil y 8 mil nuevas armas. “La incautación de Carabineros va a la baja. El 2021 no llegamos ni a las dos mil armas recuperadas y cada año se declaran como extraviadas o sustraídas unas seis mil. Por tanto, ese delta que existe entre lo extraviado y lo recuperado produce una acumulación de armas que va quedando en manos de la delincuencia, por lo que no es de extrañarse que esas armas se estén ocupando en los robos y homicidios”. Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer semestre de 2022 se registraron 6.778 delitos asociados a la ley de infracción de armas, casi 300 casos menos que en 2019, pero tres mil hechos más que en 2021.
¿Cómo aplica lo anterior a España?
Cuando todo vale 1, los homicidios y los hurtos en el mismo saco permiten cocinar las estadísticas de la criminalidad, reducir los hurtos llamándolos “perdida” (catalogado como sin infracción) o llamar “infracción administrativa” a lo que antes era delito mientras en las calles hay más violencia. Reducir las denuncias baja los delitos en la estadística por varios motivos, las oficinas de denuncias son un cuello de botella y tiene una capacidad de gestión máxima, si están colapsadas, el perjudicado de un hurto desiste de denunciar, no hay beneficio en hacerlo y el coste es de cuatro horas. Ocupar a los policías con burocracia también les hace desistir de trabajar en la calle, si llegas tarde y no ves nada, nadie te pide explicaciones.
Si aparece un muerto poco claro en la calle puede declararse suicidio u homicidio en la estadística, luego se investigará, si se resuelve será un homicidio resuelto que puntúa positivo en eficacia y sirve para hacer propaganda de lo “buenos que somos”, si no se resuelve podrá quedar como suicidio o accidente ante la falta de evidencias. El primero cuenta como delito (1), el segundo sin infracción (0).
La violencia en las calles permite tomar el control de la opinión pública, eso lo saben en países donde se ha producido una integración entre el crimen y el Estado, como México y Venezuela, Colombia está en proceso y en España han integrado al terrorismo con el Estado, muchos policías son conscientes de que el crimen está en las instituciones.
Llenar todo de cámaras y alarmas no estaba justificado en Chile antes de su revolución, pasó a estar justificado tras la revolución de colores, orquestada por los mismos lobbies desde Washington que las Primaveras Árabes en 2010, que el Maidán en Ucrania en 2014, o que el movimiento Black Life Matters en 2020. Los accionistas de esas empresas compraron barato, vendieron caro y consiguieron leyes a su medida. Al igual que en el País Vasco durante los “años del plomo”, ETA movía el árbol y el PNV recogía las nueces, todo era mentira, todo estaba montado. El sector de la seguridad privada usó la misma secuencia de “problema, reacción, solución” en Chile que han seguido con otros negocios como las vacunas del Covid19. Las empresas reciben contratos de Interior y colocan a los medallistas que no se han montado nunca en un coche patrulla.
No hay teorías de la conspiración, hay proyectos, y “si la partida está amañada, el que no juega no pierde” (The Wire) por lo que no denunciar es un acierto, dar datos a los criminales de las instituciones los hace más fuertes. Cuantas menos denuncias, más alta es la cifra negra, a quien se toma la justicia por su mano frente a la banda que intimida a los jóvenes en su barrio no lo van a denunciar los pandilleros. Volvemos a los años 80 en que los “yonkis” aparecían muertos junto a las vías del tren y quedaban archivados como sobredosis.
En España, los jóvenes que no pertenecen a las bandas saben que la Policía y la Justicia no les van a evitar una puñalada o un machetazo, saben que la Fiscalía va a proteger a su agresor especialmente si es menor. Su seguridad depende de ellos mismos y van armados para defenderse, por ahora con armas blancas, pero escalará como en Chile si no se le pone freno y habrá más armas de fuego perdidas o no declaradas. Kyle Rittenhouse, el joven de 18 años que mató a varios “demócratas” en Kenosha y salió absuelto ya es un ejemplo para seguir frente a la inexistencia del Estado y su integración con el crimen.
En la Unión Soviética la autoridad se democratizó en brigadas ciudadanas y milicias como en la segunda república Española, en Venezuela están bajo el control del Gobierno. En México no existe separación de poderes entre el crimen organizado y el Gobierno. En Colombia han tomado ese camino. Los tres países emiten inmigrantes a Chile con gobiernos de izquierda, Chile diseña políticas (de izquierda) para recibirlos y controlar a los chilenos a través del miedo. En España los etarras han pasado a ser víctimas, se desautoriza a la Policía y meten en el mismo saco al inmigrante y al delincuente, se permite escalar la violencia de las bandas en contra de los propios inmigrantes. Hay grupos de ciber activistas censurando contenidos ilegalmente, pero su intención es la misma, formar brigadas ciudadanas al servicio de los lobbies.
Poner el foco sobre colectivos ofendidos como los inmigrantes, las mujeres, los gays o los transexuales, solo desvía la atención sobre el verdadero origen de la violencia callejera, una política pro-criminal basada en ideas totalitarias e intereses privados. La verdad y la mentira son como estos colectivos, instrumentos al servicio de la agenda.
Juan Pablo Anca. Subinspector de Policía. Fundador Una Policía Para EL Siglo XXI
