La Confederación Española de Policía –CEP– ha reclamado a la Dirección General de la Policía la puesta en marcha, con carácter urgente, de un plan especial de seguridad frente al aumento de la violencia que se encuentran los agentes en sus intervenciones y que tiene una relación más intensa con determinadas formas de ocio, el empleo de armas blancas y objetos contundentes y los ritos y enfrentamientos entre grupos juveniles violentos.
Así, en un escrito remitido ayer por esta organización sindical a la Dirección General de la Policía le recuerdan que el número de delitos graves y menos graves de lesiones y el de riñas tumultuarias “viene experimentando una preocupante presión al alza, de tal forma que tanto en el periodo comprendido entre enero y marzo de este año como en el de enero a junio se ha alcanzado la cifra más alta de las registradas en siete años, con 5.364 y 12.359 infracciones penales, respectivamente”, según los datos oficiales que publica el Ministerio del Interior.
Este sindicato recuerda en el citado escrito que “la inminencia de la llegada de un mes con puentes y festividades navideñas permite suponer la presencia de un elemento de oportunidad para que este tipo de infracciones penales vuelvan a incrementarse y, con ello, también la inseguridad ciudadana y el riesgo físico potencial al que deben hacer frente los policías nacionales”.
Y es que esa mayor violencia que se encuentran los agentes durante el servicio no sólo es constatable respecto al mismo periodo del año pasado, un 57,3% más si el periodo comparado es el primer trimestre de 2022 y un 48,2% si la comparativa se extiende al primer semestre, sino que supera ampliamente la media histórica registrada desde 2016.
Así, en el escrito de la CEP se llama la atención sobre el hecho de que “en el periodo comprendido entre enero y marzo, la cifra de estos delitos alcanzada en 2022 supera en un 35,9% a la media de los seis años anteriores”. Si ese mismo análisis se centra en el primer semestre de este año, la cifra de delitos de lesiones y riñas tumultuarias supera en un 49,28% a la media de los seis ejercicios previos.
La misiva concluye que “el aumento experimentado este año no tiene una relación con el restablecimiento de la normalidad estadística en niveles prepandémicos sino que, al contrario, consolida y supera ampliamente una tendencia que ya se adivinaba entre 2016 y 2019, antes del inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19 y la aprobación de los estados de alarma”. Descartado, por tanto, un repunte coyuntural y confirmándose con la estadística oficial del Ministerio del Interior un incremento significativo y preocupante de estos hechos violentos.
CEP recuerda que “los policías nacionales se encuentran con más violencia en sus intervenciones, sobre todo en el área funcional de seguridad ciudadana”.
Determinadas formas de ocio en espacios urbanos, el consumo de alcohol y drogas o el fenómeno de los grupos juveniles violentos son, a juicio del sindicato, elementos que “configuran un escenario de mayor riesgo para los compañeros en sus intervenciones y un incremento de la sensación subjetiva de inseguridad de la población, que sufre las consecuencias de esas expresiones de violencia, que muchas veces vienen acompañadas de agresiones extremas, con el uso de armas blancas de grandes dimensiones, de destrozo del mobiliario urbano o de ocupación de espacios públicos que se hacen intransitables”.
El sindicato CEP recuerda, en este sentido, que el primer semestre de 2022 se han registrado ya el 86,3% del total de delitos de lesiones y riña tumultuaria contabilizados por Interior en los nueve primeros meses de 2021 y que los datos actuales mantienen esta preocupante tendencia alcista.
Por ello, en la carta a la Dirección General de la Policia se reclama poner en marcha un plan especial urgente con un “refuerzo de los despliegues policiales que permitan la intervención de los compañeros con mayor seguridad, apostando por una política de firmeza y tolerancia cero frente a la tenencia y uso de armas blancas o de cualquier otro elemento susceptible de ser empleado en una agresión, aplicando tanto su inmediata intervención temporal como las sanciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la seguridad Ciudadana”.
Además, se añade que “esos refuerzos de cara a los siguientes meses deberían apostar igualmente por la estricta aplicación, como no puede ser de otra forma, de la legalidad en materia de régimen de extranjería y de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes”.
Por todo ello reclaman a los responsables de la Policía que un plan así cuente con suficientes recursos económicos extraordinarios para que ese refuerzo policial en las calles, que descansa en unidades como el Grupo de Atención al Ciudadano, el Grupo Operativo de Respuesta, las Unidades de Prevención y Reacción y las Unidades de Intervención Policial, “se haga respetando los derechos de los policías nacionales en materia de jornada laboral y de vacaciones, permisos y licencias” y sin disminuir o reducir el despliegue ordinario de prevención de la delincuencia.
