Un hackeo sin precedentes efectuados a través del Poder Judicial roba a Hacienda los datos de medio millón de contribuyentes. Los servicios de prensa hablan de una fuga de datos sin precedentes que también incluye el nombre, DNI o domicilio de cerca de 50.000 miembros de la Policía Nacional, lo que apuntan al peligro que puede suponer eso para los agentes.
Más allá de los datos personales de los contribuyentes (nombre, DNI, cuenta bancaria…), en las bases de datos hackeadas también se almacenan los ingresos, las propiedades o las declaraciones que se han realizado.
La Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la investigación, y como apunta el medio elhacker.net, no ha sido una sustracción de datos masivos. Los ciberdelincuentes al acceder a las bases de datos atacadas buscaron nombres muy concretos, centrándose sobre todo en aquellas personas que cuentan con un perfil público, como políticos de alto nivel de España.
Unos hechos que salen a la luz tras informar el pasado martes el Consejo General del Poder Judicial que había detectado “un ciberataque a las redes de las Administraciones Públicas españolas en el que resultó afectado el Punto Neutro Judicial (PNJ)”. Esta es la red de telecomunicaciones que conecta a los juzgados y otros órganos judiciales con el resto de instituciones del Estado, pero cuya gestión depende del órgano de gobierno de los jueces.
El Punto Neutro Judicial fue el objetivo inicial del ataque, presuntamente con el objeto de saltar al resto de instituciones conectadas. Una de ellas es la Dirección General de la Policía, de la que los hackers o piratas informáticos han obtenido los datos de alrededor de 50.000 miembros del Cuerpo.
Los piratas informáticos tienen en su poder el nombre, la dirección y el resto de datos que aparecen en el DNI de cerca de 50.000 miembros de la Policía Nacional.
Es por todo ello que desde el sindicato de Policía Nacional Confederación Española de Policía –CEP, se ha solicitado el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos ante la brecha de seguridad donde resultaron expuestos los datos personales de decenas de miles de policías nacionales.
ElDiario.es informa que este jueves, la Audiencia Nacional informó de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, José Manuel Calama, abrió el pasado 20 de octubre unas diligencias de investigación por un delito contra alto organismo de la nación y de revelación de descubrimiento y revelación de secretos.
El magistrado instructor comisionó para la investigación a la Comisaría General de Información de la Policía y decretó el secreto de las actuaciones por un mes. Al mismo tiempo, el juez ha requeridos sendos informes al Centro Criptológico Nacional y a la Agencia Tributaria.
Fuentes de la Audiencia Nacional informan de que Calama era el juez de guardia cuando el CGPJ decidió poner la denuncia. El titular del Juzgado número 2 instruye también la denuncia del Gobierno por el robo de información de los móviles del presidente y dos ministros del Ejecutivo a través de un software espía.
En este momento de la investigación sobre el ciberataque al CGPJ se carece de una pista fiable sobre el origen del mismo y sus intenciones, o si responde a un Gobierno extranjero, tiene fines lucrativos o procede del activismo. De lo que hay convencimiento es de que fue un ataque dirigido que se centró en el Punto Neutro Judicial consciente de que era la puerta para acceder a varios organismos estatales.
