En España la justicia es tremendamente lenta y eso también favorece el aumento de la delincuencia

El periodista Gabriel Cruz detalla en un artículo/informe publicado en Cuatro, como el peor problema de la justicia española no es la politización, eso solo afecta a las más altas esferas, la problemática real es la tardanza en impartirla.

Define a la organización judicial como “esquizofrénica” donde se dan tres administraciones: comunidades autónomas, ministerio y Consejo General del Poder Judicial. Así se dan situaciones tan surrealistas como las que describe Javier Pérez, juez decano de los juzgados de Huelva, “los sistemas de videoconferencia no sólo son incompatibles entre comunidades, incluso lo es con la prisión que tengo al lado, la de Huelva”.

En Libremercado, Diego Sánchez de la Cruz informaba en agosto de 2020, que nuestra Justicia resuelve los litigios en un promedio de 238 días. Por comparación, la espera media en Dinamarca es de apenas 17 jornadas.

Así pues, no hay excusa y algo falla. La justicia no es justa cuando es tan lenta. Los delincuentes tienen esa sensación de impunidad, es el “aquí no pasa nada”.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española titula en un escrito el pasado seis de octubre que España es el país europeo con más asuntos de justicia gratuita, pero a la cola en retribución por asunto

Destaca que “países como España tienen numerosos asuntos de justicia gratuita, pero una retribución más baja por asunto”. España es el país europeo con un número mayor de asuntos de justicia gratuita por cada 100.000 habitantes: 3.379 frente a 734 de media. Y el pago por asunto en España es de 178 euros, mientras que la media europea es de 462.

En el resto de Europa preocupa esta situación y en  la misma página del Consejo, se habla de un Primer Informe del Estado de Derecho en la UE que determina que la Justicia española se enfrenta a desafíos en su eficiencia.  Habla de problemas de inoperatividad informática y de que La Comisión es consciente de que se han planteado inquietudes sobre la nueva legislación en materia de seguridad pública, supuestamente restringiendo la libertad de información y la libertad de expresión.

Javier Gómez de Liaño, publicaba en agosto de 2022 en El Confidencial… “ahora bien, si carece de remedio es porque no se quiere remediar. Nadie o casi nadie tiene auténtico interés en solucionar el problema. La cosa sigue marchando mal, y el ciudadano se calla por dos únicas razones; a saber: porque piensa que su voz va a caer en el desierto o porque supone que ni siquiera merece la pena hablar. No hay nada más decepcionante para quien acude a un juzgado que saberse preso tras la dura reja de la incertidumbre. Releo a un clásico. Montesquieu: “Los litigios deben resolverse en plazos razonables, ya que de otro modo lo que es un pleito se convierte en un drama personal o tragedia familiar”.

“Las infundadas demoras de la Justicia convierten el Estado de derecho en algo meramente retórico y no valen excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. Lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 87/2015, de 11 de mayo: “(…) por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica (…) de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso (…), ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho, dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática (…)”.