El año 2021, España registró el número de condenas por atentado a la autoridad más elevado de la última década. Los datos del INE demuestran que, de una media de 12.000 condenas anuales por este delito, se ha pasado a las 14.660 que revelan los últimos datos estadísticos. Se trata de un aumento cercano al 20% de las condenas por agredir a funcionarios públicos y agentes.
Desde el Sindicato Unificado de Policía se ha exigido en innumerables ocasiones la retirada de varios artículos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ante el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y los grupos parlamentarios. Ahora, tras conocer que las condenas por agresiones a policías tocaron techo en 2021, vuelven a reclamar que se tenga en cuenta a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional en la elaboración de la citada reforma.
Todo esto ocurre en un contexto social y económico complicado que no tiene visos de mejorar, junto a la quiebra del principio de autoridad que desde el SUP vienen constatando en los últimos años.
Sin embargo, lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana ante un futuro incierto, el Gobierno y sus socios aceleran los trámites para presentar antes de finales de este año una “reforma a la baja” de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Lo hacen sin contar con uno de los colectivos más afectados, el de las FCSE.
Esta nueva reforma ya pactada al 80%, pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes, recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos de carácter multitudinario, retirar la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo, o rebajar la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en las actas policiales. También, dispone el levantamiento de la prohibición de manifestación sin advertencia previa a las delegaciones del Gobierno.
“Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) insistimos en el rechazo rotundo a estas modificaciones que, creemos, favorecen la impunidad de los delincuentes y potencian la inseguridad jurídica y la desprotección de los policías”, manifiestan los representantes de los agentes.
En defensa de los policías, pero también de las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos, exigen que se retiren los cambios previstos en la Ley, e insisten en la necesidad de contar con la opinión de los agentes para abordar un asunto de tal relevancia.
