El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia urgente en la Comisión de Interior del ministro del Interior Grande-Marlaska para que explique el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen de incompatibilidades en la Policía Nacional con el que se pretende silenciar las criticas o actuaciones dentro de la Policía Nacional en los medios de comunicación.
La máxima responsable del área de Interior en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la diputada Ana Belén Vázquez, señala: “solicitamos la comparecencia de Marlaska en el Congreso, frente al ataque a la libertad de expresión de los agentes de Policía Nacional. Inadmisible la mordaza que pretende instaurar para silenciarles. No lo permitiremos”.
Así mismo, en palabras a h50.es, Ana Belén Vázquez remarca: “Derogaremos el real decreto de Marlaska que pretende amordazar a los policías”.
Y es que tanto sindicatos policiales como asociaciones han manifestado su oposición frontal a un decreto que les hace retroceder décadas en la democracia, y ya han anunciado una batalla judicial contra lo que consideran un ataque a uno de los principios básicos protegidos por la carta magna, la libertad de expresión, y solicitarán ser resarcidos por el daño causado a sus organizaciones.
El Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el régimen de incompatibilidades en la Policía Nacional, ataca derechos fundamentales como la libertad de expresión en el colectivo policial, y es que uno de los muchos cambios que recoge el documento, señala en su art 4º párrafo 2º del futuro RD (encajonado y a destiempo, dado que el párrafo 1º establece criterios generales y el 3º las excepciones), señala claramente, que un policía debe pedir permiso a la Oficina de Prensa oficial para participar en cualquier medio… incluso los impresos o digitales, cuando haga uso de la información obtenida en ejercicio de funciones, lo cual es correcto y obvio. La gravedad viene con el añadido de que, tampoco podrá emitir cualquier otra opinión que esté relacionada con la actividad policial, aunque no hayan participado en ella. De esta forma, se les anula todos los policías la capacidad de opinar sobre cuestiones policiales, con independencia de su servicio.
Significa esto que los policías, como técnicos en seguridad, deben pedir siempre permiso para escribir en prensa o emitir opiniones publicas relacionadas con la actividad policial. Solo será válida y posible la versión oficial o la autorizada por ella.
En definitiva, es como si un médico se le prohíbe hablar de medicina, fuera de su horario laboral y en cuestiones en las que no haya participado. O a un juez emitir opiniones sobre la justicia o casos en los que no haya participado. Esta en juego la libertad de expresión de todo un colectivo.
