¿Por fin se ha hecho justicia?

Desde la Asociación Pro Guardia Civil celebran amargamente la reciente sentencia 533/2022 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha puesto fin a uno de los últimos lamentables, injustificados y gratuitos ataques a miembros del Cuerpo, y ahora se preguntan si se ha hecho justicia.

Llevamos tiempo observando con preocupación cómo desde diferentes sectores se intenta desprestigiar a la Guardia Civil.

“En esta ocasión no nos han agredido con palos, ni piedras, ni cal viva sino utilizando la imagen de la Guardia Civil con fines políticos, manipulando informes forenses y llevando a cabo vomitivas campañas mediáticas de desinformación”, remarcan desde APROGC.

Les ha dolido ver cómo algunos políticos han utilizado la inmigración como arma arrojadiza, incluso llegando a referirse a los inmigrantes ahogados en el Tarajal como: “muertos tiroteados por la Guardia Civil”, algunas ONGs aportaron fotografías, informes forenses y testigos carentes de toda objetividad y no pocos medios de comunicación continúan, incluso hoy, propagando la idea de que el Rechazo en Frontera es una “devolución en caliente”.

Se llegó a acusar a sus compañeros de delito de homicidio imprudente, lesiones, denegación de auxilio y prevaricación y ¿Qué hubo de verdad en esas acusaciones? Nada de nada, remarcan desde esta asociación.

Hoy, nada más y nada menos que ocho años después se ha puesto fin a las delirantes intenciones de quienes ven continuamente en la Guardia Civil el enemigo a batir. Pero han sido ocho años en los que las familias de sus compañeros han sufrido calladamente la violencia psíquica ejercida por quienes les acusaban pública e injustificadamente nada más y nada menos que de provocar la muerte de inmigrantes.

“No podemos hacer otra cosa que enviar a nuestros compañeros y a sus familias el más sincero y cariñoso abrazo que esperamos hayan sentido también durante todo el tiempo que ha durado este proceso, pues hemos defendido públicamente su inocencia desde el primer momento”.

La sociedad y más concretamente la Administración, está ahora en deuda con ellos porque, por el mero hecho de hacer su trabajo, han visto paralizadas sus carreras profesionales y se han visto sometidos a un impresentable linchamiento público. Y, ¿ahora qué?

Como ya hicieran con los compañeros de las vallas de Melilla cuando fueron acusados injustamente de cometer delitos, solicitarán desde APROGC al Gobierno que se les condecore con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, pues han soportado más de lo que nadie está obligado a hacer.