Hace algo más de cuatro años el anterior gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, se había referido a las viviendas en propiedad que tenían los jubilados españoles mayores de 65 años con la velada intención de relacionarlo con la bajada de sus pensiones al poder utilizarlo como renta vitalicia. Decía “El español ha ahorrado para la jubilación en vez de en fondos de pensiones, mediante viviendas, y eso es una realidad evidente que nadie puede negar. Posteriormente, dijo “Si me equivoqué, lo lamento (…) Pero eso no quiere decir que haya que bajarle la pensión”.
Ayer, el actual gobernador de dicho Banco, Pablo Hernández de Cos, un más que bien pagado, en su informe anual ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, dijo que la reforma inicial de las pensiones no sirve para equilibrar el sistema ni apuntalar su viabilidad, que la economía española va a la zaga en Europa en la recuperación de los niveles pre-Covid y que ante la actual crisis inflacionista es más urgente que nunca un pacto de rentas que distribuya el sacrificio no sólo entre empresas y trabajadores, sino también entre funcionarios y pensionistas, pidiendo un pacto de rentas incluyendo a pensionistas y funcionarios. A tal respecto, manifestó que hay que evitar revalorizar los salarios de los funcionarios y, sobre todo, las pensiones, que el Gobierno se ha comprometido a revalorizar conforme al IPC, “Estas cláusulas son especialmente relevantes en el caso de las pensiones. Creemos que esto hay que incorporarlo al pacto de rentas (…) Hay que acotar las mejoras de las pensiones”.
También, en los últimos días hemos podido comprobar como algunas editoriales y artículos de opinión de distintos medios ya se habían anticipado a estas manifestaciones de Hernández de Cos, solicitando el antedicho “Pacto de Rentas”. De esta forma, a los jubilados se les sitúa en el centro de la diana. Siempre son los supuestos culpables. Serían los paganinis del despilfarro del gobierno Sanchista-Comunista, apoyado por golpistas, separatistas y herederos de ETA, que no tienen reparo en autodefinirse como “Un Gobierno ejemplar”.
Así, la solución a la política económica de un Gobierno manirroto, que sigue aumentando el gasto público con sus constantes e interesadas ayudas, prebendas de todo tipo, incluidos aviones y coches oficiales, escoltas y demás gastos públicos, serían los jubilados en los que repercutirían su nefasta política, en los que han trabajado treinta o cuarenta años para sostener el sistema público de pensiones. Son los puestos interesadamente en la picota. Serían los grandes perjudicados de la galopante crisis económica, con la mayor tasa de paro de Europa, un 13,30 %, por encima de Grecia; una tasa de inflación desbocada de casi dos dígitos, de las más altas de Europa; un déficit público de más del 117%; además de ser el último país en la recuperación económica.
Por todo ello, la paz social puede estar en peligro. La olla puede estar a punto de explotar. Cuatro años soportando al poder Sanchista, que nos ha traído la ruina económica, política y social. No obstante, decía un buen amigo mío y compañero, Julio Martínez, “Roma quedó hecha jirones, pero, al menos, el emperador Heliogábalo sólo estuvo cuatro años en el poder, roguemos al todopoderoso que abrevie los plazos para que Sánchez abandone la Moncloa y halle mejor acomodo acorde a su ego y capacidades”.
Aunque ya me recojo, si se reducen las pensiones en relación al IPC, los jubilados se empobrecerían más aún, entonces ¿Quién ayudaría a los hijos que actualmente viven de las pensiones de sus padres? Sería una golfada. Los jubilados no son los responsables de la crítica situación económica. Son estos políticos que, sin cumplir con su trabajo y responsabilidad, se embolsan cantidades ingentes de dinero público y después cobran pensiones estratosféricas sin cotizar ni la cuarta parte del tiempo exigido a los pensionistas. No tienen escrúpulos, pero son los jubilados los situados en la picota.
Autor: Manuel Novas Caamaño | Abogado
