En el día de ayer los sindicatos de trabajadores penitenciarios ACAIP-UGT, CCOO y APFP solicitaron el cese o dimisión inmediata del director de Valdemoro ante los últimos hechos ocurridos en el centro penitenciario de Madrid III.
APFP índica que que se van a organizar concentraciones en apoyo sus compañeros si siguen ante esta injusticia.
Consecuencia del principio de veracidad que se ha dado a los internos, el mundo al revés.
Informan que el pasado 31 de mayo de 2021, la Guardia Civil detuvo a cuatro funcionarios de prisiones en sus domicilios, los cuales fueron llevados al trabajo esposados, donde registraron sus taquillas y con perros antidroga cachearon los vestuarios, no encontrando nada.
Así mismo indican que el 2 de junio, el juzgado de Instrucción número Cuatro de Valdemoro decreta prisión sin fianza para tres de ellos y libertad provisional con cargos para el cuarto, decretando en mismo acto el secreto de sumario.
El 25 de junio se levanta y la Guardia Civil presenta los interrogatorios de cuatro testigos protegidos, todos ellos presos en Valdemoro y las declaraciones del director y subdirector de seguridad, declarándolos como testigos protegidos días después.
Reseñan que, al parecer, tres de ellos estaban presos y otro había salido en libertad. Uno de los testigos protegidos no se presentó y los que declararon no acusaron a ninguno de los trabajadores. La jueza se vio obligada a suspender las declaraciones y decretar la libertad de los funcionarios de prisiones presos y el sobreseimiento libre del otro compañero.
En presencia de los abogados de la defensa la jueza se llega a preguntar dónde estaba la cámara oculta…. Ese mismo día el director acudió al juzgado número cuatro de Valdemoro.
El pasado 22 de marzo de 2022 se decreta el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra los funcionarios de prisiones por los delitos de banda organizada, contra la salud pública, cohecho, prevaricación y omisión del deber de impedir delitos, “por que ni siguiera se ha demostrado que dichos delitos se hayan cometido en el centro que usted dirige”, le señalan al director de la prisión en una carta abierta.
“Hasta en dos ocasiones usted manifestó a los representantes sindicales que no sabía nada de las detenciones, sin embargo y visto el relato de los hechos, es su declaración la que utiliza la juez para mantener en prisión provisional injusta a tres trabajadores honrados y honestos de esta plantilla durante 4 meses y medio. Y son las declaraciones de los testigos protegidos, las que utiliza para ponerlos en libertad y suspender los interrogatorios. A este caso debemos añadir la detención y prisión de otro trabajador de esta plantilla en 2019 acusado de terrorismo y cohecho y que fue absuelto por la Audiencia Nacional, utilizando el mismo modus operandi: testigos protegidos que estaban presos o habían pasado por la cárcel”, le vuelven a decir al director en esta carta.
Por todo ello las organizaciones sindicales, y ante la consideración como graves de estos hechos, solicitan la dimisión del Centro Penitenciario, por el bien de la institución y del normal funcionamiento que prestan a la sociedad.
“Como ha quedado demostrado ni usted confía en los trabajadores, ni los trabajadores podemos confiar en una dirección que consiente que trabajadores inocentes y padres de familia entre en prisión de manera injusta y arbitraria. Usted con su proceder, no sólo intento engañar a los representantes de los trabajadores en reunión oficial, sino que además ha permitido que personas inocentes entren en prisión. Si a esa dirección le queda algo de dignidad y siente un mínimo de aprecio por la institución de la que todos formamos parte, debería ser valiente y presentar su dimisión a su superior jerárquico”.
Indican desde ACAIP-UGT, APFP y CCOO que ni los más de 40 trabajadores sancionados, ni la continua supresión de derechos, ni las miles de órdenes de dirección y sus rectificaciones, ni la habitual reinterpretación y retorcimiento de las normas, pueden ocultar el malestar generalizado de los trabajadores, el miedo, la frustración y desmotivación laboral, la continua y creciente marcha de trabajadores con experiencia en los últimos concursos de traslado, la burocracia, la mala gestión, el desgobierno, el pésimo funcionamiento de los servicios, el deplorable estado de las instalaciones, la distancia insalvable ente dirección y el resto de empleados públicos o la falta de reconocimiento del esfuerzo de los empleados públicos como sucedió en él temporal “filomena” etc.
APFP remarca que una vez sobreseído el procedimiento judicial, los compañeros siguen expedientados y en suspensión de empleo y sueldo.
