La Subsecretaría del Ministerio del Interior se opuso a indemnizar a un Guardia Civil por las lesiones sufridas en acto de servicio
El individuo condenado en sentencia a resarcir al agente con 8.690,23 euros se declaró insolvente. Cuando el funcionario público reclamó el importe a Interior por el principio de indemnidad que rige, se le negó por extemporaneidad y ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo, tendrá que pagar la cuantía al miembro del Instituto Armado gracias a los servicios jurídicos de AUGC Pontevedra
El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior a indemnizar a un Guardia Civil que sufrió lesiones cuando, durante el servicio, intervino ante un posible caso de violencia familiar. El equipo de abogados de AUGC de la Delegación de Pontevedra decidió recurrir ante el Alto Tribunal la resolución de la Administración. Los Guardias Civiles están amparados por el principio de indemnidad; son funcionarios públicos y si sufren daños durante el ejercicio de su cargo deben recibir la consiguiente reparación. Pese a ello, la Subsecretaría del citado Ministerio intentó eludir el abono. La indemnización recayó sobre la Administración porque los individuos fueron declarados insolventes.
La inhabilitación económica de los penados quedó establecida por el Juzgado de lo Penal de la provincia correspondiente. Demostraron que no podían pagar al Guardia Civil lesionado 8.840 euros y se realizó un ingreso de 149,77 euros en dos pagos. La circunstancia, ya enjuiciada con carácter firme, llevó al agente a presentar una reclamación ante el Ministerio del Interior para su correspondiente restitución, pero la Administración rechazó su pretensión alegando que era extemporánea.
El posicionamiento de la Secretaría del Ministerio del Interior no está lo suficientemente motivada para eludir la responsabilidad de indemnizar al agente. Así lo consideró el Tribunal Supremo en el fallo dirimido este mes: “[…] se trata de hacer valer el principio de indemnidad, de manera que la Administración, como garante de dicho principio, se subrogue como responsable del pago ya declarado en una sentencia penal de carácter firme”, dictamina.
De este modo, la resolución de la Administración ha quedado anulada por “ser contraria al ordenamiento jurídico” y deberá proceder a abonar al agente los 8.690,23 euros reclamados. La Administración, una vez realice el ingreso, podrá perseguir los bienes de los condenados en calidad de acreedora. Además, también tendrá que pagar las costas del litigio.
“Desde AUGC celebramos este nuevo triunfo de la Delegación de Pontevedra y del compañero Guardia Civil por la consecución de este abono, que es de justicia por lo que una vez más desde nuestros servicios jurídicos se muestra la profesionalidad y liderazgo de AUGC en la defensa de nuestros afiliados con esta sentencia indemnizatoria a favor”, manifiesta Pedro José Carmona, secretario nacional de Comunicación de AUGC para h50.
Fantástico!!! Una vez más se ve el carácter de este DesGobierno de okupas.