En otros artículos de Una Policía para el Siglo XXI hemos abordado este dilema, ambas ideas, autoridad y ley merecen ser disociadas desde el momento que la autoridad, a menudo tiene una agenda que puede servir intereses ajenos al Estado y operar al margen de la Ley como nos vienen demostrando desde hacer años los diferentes gobiernos cada vez que sus miembros acaban en el banquillo de los acusados.
Hay otra clase de autoridades a las que el poder político decide vincularse, por lo general son autoridades extranjeras con una agenda ajena a la del Estado y a los que habitan en él, a quienes les resulta indiferente que las cosas les vayan bien o mal a los españoles, que se pueden permitir dejar el camino sembrado de cadáveres por donde pasan y desaparecer si las cosas van mal, las hemos llamado “Fuerzas del Caos” porque hacen lo contrario a las “Fuerzas del Orden”. Las agendas buscan control político y económico, algo que un policía no tiene por qué defender si la Autoridad compite con la Ley a cambio de un cargo en un Consejo de Administración de una empresa. Y el uso de la fuerza es fundamental en este aspecto porque es una materia técnica que ha de ser desvinculada de la política para que no esté al servicio de las agendas.
Tras investigar durante dos años y medio el “uso de la fuerza” y desarrollar un borrador de reglamento europeo, pude llegar a algunas conclusiones:
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No existen reglas de enfrentamiento que se puedan invocar ante un tribunal por los agentes del orden, y los principios generales del derecho son insuficientes.
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Existe doctrina académica que se imparte en las escuelas de policía, pero no son disposiciones legales aprobadas por el Gobierno ni por el legislador. No se puede invocar a un temario.
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El uso de la fuerza en manifestaciones se ha politizado, en los eventos deportivos que se resuelven sin incidentes (y sin injerencia política), es materia técnica-policial.
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La incompetencia y mala gestión no redundan en responsabilidad política ni administrativa, las lesiones tampoco se las llevan los oficinistas de Interior a su casa.
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Cuando la responsabilidad llega, el burócrata desaparece. “Nada depende de él” o “él solo cumple órdenes”. Toda la responsabilidad recae sobre el agente, la prensa ataca a la Policía, no a los burócratas, el perjudicado será el que trabaja en la calle.
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En el orden público la gestión política puede pretender una escalada y que el caos se apodere de las calles en beneficio de los manifestantes como en Barcelona en Octubre y Noviembre de 2019. La responsabilidad ha de ser política en tales casos, no policial.
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En Barcelona en Octubre y Noviembre de 2019 la Autoridad impidió a la Policía actuar de manera preventiva y desescalar la violencia. Con unas reglas de enfrentamiento establecidas por ley, esto no habría ocurrido.
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La acción reactiva acabó con más heridos y más daños, los agentes tuvieron que elegir entre ejercer la legítima defensa en contra del criterio político o ser masacrados.
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Los agentes del orden fueron perseguidos por la Justicia a instancias del poder político asumiendo el riesgo de perder su trabajo.
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La indefinición jurídica es una debilidad para el estado de derecho y una ventaja para las fuerzas del caos cuando llegan a ocupar posiciones de autoridad.
Además del borrador de reglamento europeo de uso de la fuerza, presentado en la Oficina de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en el Ministerio de Defensa y en Interior, la investigación dio margen para un libro en que se explica el escenario de seguridad internacional en torno al uso de la fuerza, se comparan diferentes modelos empleando casos prácticos, se expone cómo operan las fuerzas del caos y algunos criterios técnicos para combatirlas.
Las situaciones que se plantean sin un reglamento de uso de la fuerza son desalentadoras para policías y militares, debido a hechos como que desde 2015, la OTAN prevé operaciones militares en entornos urbanos hasta 2035 debido a la creciente urbanización y a que Úrsula Von Der Leyen (Presidenta de la Comisión Europea) ya en 2021 fue advertida por académicos sobre un futuro escenario de guerra civil en Europa, esto ya es una realidad en Ucrania y a la industria de la seguridad (y las armas) le beneficia, luego al lobby de la OTAN le viene bien porque en la paz no hay negocio. Los contratos públicos y las comisiones vienen cuando hay muertos y medios de comunicación montando puestas en escena.
No sabemos cómo van a estar las cosas dentro de poco tiempo, pues, de la misma manera que en Barcelona nadie tenía previsto el escenario de Octubre y Noviembre de 2019 un mes antes, los ucranianos tampoco creían un mes antes que sus problemas serían mucho tan serios en este momento.
En 2022 aunque las amenazas son comunes a todos los estados de la Unión Europea, sigue reinando la indefinición y las respuestas siguen siendo dispersas, de modo que, en ausencia de un instrumento legal válido para las operaciones, frente a los tribunales y frente a los medios de comunicación, los actores políticos controlan el relato de la realidad a través de la desinformación. Esto representa una amenaza para los responsables de defender la ley, y una oportunidad para quienes operan en el caos, tanto en el Gobierno como en la oposición, quienes no tienen en cuenta que cuando de la vuelta a la tortilla, no tendrán una ley que proteja a “los suyos”.
¿Es compatible defender a la Ley y a la Autoridad?
Todo apunta a que depende de si la Autoridad está alineada con la Ley, porque la Autoridad puede tener una agenda legalista o bien ajena al Derecho, como los políticos puestos por ciertos organismos internacionales (Foro de Davos, Open Society, etc). Los agentes del orden juran la Constitución, no le deben lealtad a organismos ni agendas ajenas al Estado que perjudiquen a sus familias, a sus amigos y sus vecinos.
Juan Pablo de Anca Cuesta.
Fundador de una policía para el Siglo XXI.
