Los sindicatos de trabajadores penitenciarios ACIP-UGT, APFP y TAMPM, que representan a la mayoría de los funcionarios de toda España han elevado un escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias , se solicita la prohibición de entrada a la asociación Salhaketa Nafarroa en el C.P de Pamplona I y se desvincule todo concierto suscrito con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias mientras se siga utilizando un convenio de colaboración como medio para socavar a la propia Institución a través del descrédito permanente en la labor e imagen de sus máximos representantes como son los funcionarios de prisiones, personal sanitario y resto de profesionales del centro.
Justifican esta petición a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con una queja formal de la Asociación Salhaketa Nafarroa de apoyo a los presos, la cual según estos sindicatos ha vinculado un hecho ocurrido en el Centro Penitenciario de Pamplona con el fallecimiento de una interna en el departamento de mujeres en el transcurso del servicio de noche. Remarcando una noticia que salió publicada en el diario Noticias de Navarra el día 11 de noviembre del 2021 en relación con lo ocurrido en la madrugada del lunes ocho de noviembre.
Señalan que en el cuerpo de la noticia esta entidad trasladó a este periódico una falsa realidad de lo realmente ocurrido, manifestando lo siguiente “La intervención, tanto del centro penitenciario, como de los profesionales médicos, no fue todo lo ágil que cabría esperar en una situación así”, denuncia Salhaketa, trasladando a un público profano en el quehacer intramuros una falsa sensación de dejadez en nuestras funciones, atribuyendo indirectamente una negligencia en la profesionalidad de los compañeros de servicio que hacían noche con resultado letal y, por extensión a toda la institución penitenciaria dejando la duda permanente en el lector.
Indican que más adelante y a través del mismo medio periodístico en otra resumida frase antepone nuevamente la duda sobre los fallecimientos en prisión manifestando que: “en lo que va de año 2021 asociaciones en defensa de derechos humanos afirman tener conocimiento de al menos 67 fallecimientos, sin embargo, afirman con toda seguridad que la cifra oficial será superior”, sembrando nuevamente la duda sobre la profesionalidad de los funcionarios de prisiones y servicios médicos abarcando todo el panorama penitenciario español.
Remarcan que según el periódico Diario.es, es la propia asociación Salhaketa la que denuncia no sólo la demora en sí, sino que pone tiempo a ese retraso, a esa tardanza en la diligencia de los profesionales sanitarios del centro y de los propios compañeros de servicio manifestando que hasta que abrieron la celda de la interna transcurrieron nada más y nada menos que dos horas. “Una mujer ha fallecido en la cárcel de Pamplona el pasado 8 de noviembre por causas que se desconocen, según ha informado la asociación Salhaketa Nafarroa, que ha denunciado además la “demora” en la intervención tanto del centro penitenciario como de los profesionales médicos tras dar la voz de alerta. Al parecer, fue la propia compañera de celda la que se percató de la situación y contactó a través del interfono a los Funcionarios de la Prisión. Hasta que abrieron la celda, estiman, transcurrieron cerca de dos horas”.
Califican estas afirmaciones de falacia inasumible y punto de inflexión de este escrito, basado este episodio únicamente en una afirmación carente de todo argumentario sensato y cuyo único fin es la de herir y vilipendiar un cuerpo penitenciario y unos profesionales acoplándose al más miserable razonamiento vagamente insostenible. Simplemente con el visionado de las cámaras de seguridad darían al traste con semejante disparate argumentativo.
Señalan desde los sindicatos a Libertad Francés, coordinadora de Salhaketa Nafarroa y como informa el mismo diario, declara que “es difícil conocer exactamente lo sucedido, pero afirma que no hubo inmediatez en absoluto ante un hecho que será investigado, a la espera de conocer los resultados de la autopsia” volviendo nuevamente a difamar la profesionalidad de los compañeros de servicio y sanitarios sobre lo ocurrido la madrugada del lunes, e incurriendo en una notoria contradicción manifestando en un primer momento un desconocimiento de lo sucedido para seguidamente afirmar su contrario.
Quieren dejar claro que tales hechos están siendo objeto de investigación judicial por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona que mantiene decretado el secreto de sumario. Las Formaciones Sindicales firmantes muestran su más firme condena a la actuación y declaraciones de la Asociación Salhaket Nafarroa en este caso.
“Lamentablemente, esta actuación se suma a otras anteriores en las que esta asociación se dedica a calificar peyorativamente y verter falsedades contra la labor de los funcionarios de prisiones y resto de profesionales penitenciarios siempre que tienen ocasión. Otras veces, tanto en medios de comunicación, en especial periódicos, como en redes sociales, sobre todo en su cuenta oficial de Twitter, hemos tenido que leer calificativos como “carceleros” o “torturadores” para referirse a los Funcionarios de Prisiones”.
Indican que utilizan frases como “la cárcel tortura y asesina”, “¡fuego a las cárceles!” o en la portada de su cuenta oficial de Twitter con la leyenda “En las cárceles se tortura”, y que todas esas mentiras y calificaciones no se pueden tolerar, en especial cuando ya se ha expresado verbalmente a los voluntarios que van al Centro Penitenciario, el malestar que provocan estas afirmaciones en la plantilla de Pamplona, sin embargo, estas declaraciones ni han sido corregidas ni han cambiado la línea de actuación en las últimas publicaciones.
Lo que no se puede tolerar, afirman los sindicatos, es que, a través de un concierto suscrito con Instituciones Penitenciarias, “de la que los Funcionarios de Prisiones somos sus máximos representantes”, utilicen el propio acuerdo colaborador, amparado por una generosa subvención pública del gobierno de Navarra que ronda los cuatrocientos mil euros en los últimos cuatro años (2017-2020) entre subvenciones y ayudas públicas y como entidad benéfica del mecenazgo social, para hacer política contra la profesionalidad de los funcionarios de prisiones y resto de trabajadores penitenciarios y por ende a Instituciones Penitenciarias. “Esto es lo que es inadmisible y desde el conjunto de Profesionales Penitenciarios no lo vamos a tolerar”.
“Si quieren hacer política que se registren como partido político y ejerzan en consecuencia a su ideario político que no social de desaparición de los centros penitenciarios”; “pero que no actúen de la forma tan ruin y miserable como lo están haciendo contra los máximos exponentes de la reinserción y resocialización social falseando y menoscabando permanentemente nuestra profesionalidad y la verdad que rodea a nuestro trabajo. Y no sólo eso, también con sus mentiras y difamaciones damnifican el buen orden y régimen interior del establecimiento, ya que manifestar que se tardaron dos horas en asistir a la interna, crea mucha inseguridad y miedo en el resto de la población reclusa”.
