Este martes 21 de diciembre se ha debatido en el Congreso una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular respecto a la Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La toma en consideración de esta proposición ha sido tumbada con los votos en contra de la alianza entre PSOE y Podemos en complicidad con sus aliados independentistas. Tan solo PP, Cs y Vox han salido en defensa de los policías y guardias civiles que exigen de forma definitiva alcanzar la tan ansiada “justicia salarial” que elimine de una vez por todas las brechas en las nóminas de los agentes estatales frente a sus homónimos autonómicos.
En dicha Proposición reclama el cumplimiento de la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 entre el Gobierno y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía Nacional.
La ausencia de regulación de un modelo retributivo es una parte necesaria del estatuto personal de estos funcionarios y ha ocasionado una progresiva situación de desigualdad entre los diferentes cuerpos policiales. Tanto asociaciones como sindicatos han iniciado una movilización para reclamar una efectiva equiparación salarial y la llegada de una nueva regulación legal que establezca las bases de un sistema basado en el principio constitucional de igualdad.
Un paso fundamental para lograr estos objetivos ha sido el Acuerdo de Equiparación Salarial suscrito el 12 de marzo de 2018, que se plasmó en la «Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil», BOE núm. 69, de 20 de marzo de 2018.
El Acuerdo fue alcanzado tras el correspondiente proceso de negociación entre el Ministerio del Interior, los principales Sindicatos de la Policía Nacional y las principales Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil con representación en aquellos momentos, con la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, conviniendo la necesidad de adoptar las medidas que se detallaron en el texto del acuerdo para la consecución de tal fin.
En tal sentido, se abordó un proceso de equiparación gradual de las condiciones económicas de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Para ello se estableció un escenario de tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe total de 807 millones de euros, importe que se concretó en dichas anualidades. A esta cantidad se añadieron 300 millones de euros, cantidad estimada para el colectivo de policías nacionales y guardias civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, para el conjunto de la función pública, más 300 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada.
🔴 #EnDirecto @anadebande, del @GPPopular, defiende la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo
📋 Texto: https://t.co/0rjqhm23vK https://t.co/6sWNbsa9oJ
— Congreso (@Congreso_Es) December 21, 2021
Entre las cláusulas incumplidas de dicho Acuerdo destaca la octava, que estableció la obligación del Ministerio del Interior de impulsar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar que en el futuro no se pudiera producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.
La falta de cumplimiento por parte del Ministerio del Interior del compromiso establecido en la cláusula octava del Acuerdo de Equiparación Salarial ha sido el motivo fundamental para impulsar la Proposición de Ley Orgánica congelada hoy en el Congreso. Una medida que pretendía establecer medidas legales que impidan la desigualdad en el régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Es imposible que partidos con componentes pseudoterroristas, separatistas, con delincuentes en su dirección etc apoyen cualquier medida que pueda favorecer a la policía. Es como si Bin Laden hubiera pedido más armamento para los USA