El Ministerio del Interior ha tenido que recurrir, para justificarse ante la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, al argumento de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han experimentado una “notable mejora de medios materiales y número de efectivos”, como así consta en la carta remitida por la directora de Gabinete de Fernando Grande-Marlaska al Sindicato Europeo de Policías (EPU), del que forma parte CEP y que se había dirigido a su departamento para demandar explicaciones sobre los motivos por los que no se había contado con los agentes españoles para la modificación de una norma esencial en el trabajo policial.
En la misiva, Interior vincula esta iniciativa a “la necesaria adecuación a la actual realidad social y a las demandas ciudadanas de seguridad y protección de derechos individuales” y añade que el contenido de la reforma buscaría “recoger el contenido de resoluciones judiciales de tribunales nacionales e internacionales, así como demandas y recomendaciones de organismos supranacionales de los que nuestro país forma parte”.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional se pronunció en su Sentencia 13/2021 sobre un recurso contra esta norma y que en su fallo no declaró inconstitucional ningún artículo de la Ley Orgánica 4/2015. Previamente, ese mismo órgano judicial emitió la Sentencia 172/2020, en la que desestimó las peticiones de inconstitucionalidad planteadas, salvo la que supuso eliminar la expresión “no autorizado” para el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pudieran poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. En definitiva, el Tribunal Constitucional, y frente a lo que afirma Interior, no ha cuestionado esa norma desde su entrada en vigor salvo en la eliminación de dos palabras.
La respuesta del departamento de Grande-Marlaska a la carta del Presidente del Sindicato
Europeo de Policías considera que “en su tramitación parlamentaria todavía pendiente, es de esperar que se logre el consenso suficiente para proveer a la norma del equilibrio ineludible entre libertad y seguridad”. Acuerdo que, precisamente, le instaban a extender los policías europeos al propio colectivo de profesionales de la seguridad de España, como muestra de diálogo y de sensibilidad hacia su trabajo.
Pese a las críticas unánimes de los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de Guardia Civil, Interior insiste en que con la nueva norma se pretende proveer de “protección
de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, reforzando su seguridad jurídica”, cuestión esta que ha sido denunciada por parte de los profesionales de la seguridad pública al constituir un argumento falaz.
En la carta remitida por el Sindicato Europeo de Policías al Ministerio del Interior a finales de noviembre se recordaba que el Gobierno español “tiene el deber moral” de negociar esta reforma y reclamaba abrir un proceso de diálogo con los representantes de los policías nacionales, al menos como fórmula para tener en cuenta sus opiniones. Frente a esa posibilidad, como ya ha denunciado CEP reiteradamente, Interior pretendió reunirse con los sindicatos policiales -cita a la que no acudimos, por entender que el diálogo debería haberse producido antes de cerrar el contenido de la modificación- para presentar el proyecto de reforma de esta Ley como un hecho consumado, sin margen alguno para su reformulación o reconsideración.
