Los preceptos legales han de respetar los Derechos Humanos —¡cómo no!— de aquellos prestos y dispuestos a infringir la ley y unos DERECHOS de otros ciudadanos; entre estos últimos, nos encontramos nosotros, agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Sí, exacto, tenemos derechos y obligaciones; somos así de «raritos». Ellos, los presuntos, únicamente «derechos». Bueno, ahora tendrán más y nosotros menos.
Estas buenas gentes —los legisladores— han pensado en nuestra seguridad, tanto o más que en la posibilidad de la bondad de los presuntos delincuentes. Deberían imaginarse dónde los presuntos delincuentes pueden ocultar objetos peligrosos o aquellos que sean utilizados para los diferentes ilícitos penales y/o administrativos. ¿Cómo pueden estar a favor de promover la ocultación ante un registro o cacheo? Sólo se comprende si está a favor de los presuntos delincuentes o se forma parte de ellos, al menos en potencia.
El consumo de sustancias conlleva el inicio de una adicción, esclavitud, dependencia, enganche, con los consecuentes perjuicios para la vida, desarrollo individual y de los problemas ocasionados a la familia. ¿Qué puede fomentar esas medidas? ¿Por qué fomentan el consumo reduciendo las medidas legales para la lucha contra la droga? ¿Están a favor del consumo y, por lo tanto, tráfico, producción y negocio de las mafias?
Han encontrado la solución para evitar las manifestaciones que finalizan o donde se desarrollan actos vandálicos: limitar el uso de material antidisturbios para evitar lesiones irreparables. ¡Menos mal, oiga! Cabe recordar que, en los incidentes de Barcelona y Cataluña, se utilizaron adoquines contra la Policía y en Madrid un individuo llevaba en su mochila material para elaborar artefactos explosivos. ¡Ay, va! ¿Quién llevaba elementos para agredir a personas o dañar ? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado portan elementos aprobados por ley y su utilización de acuerdo a ella. Ya la Constitución Española de 1978 entrega el monopolio del uso de la fuerza al estado.
La veracidad de los hechos en atestados y diligencias se basan en la presunción de prueba de los agentes. Normal, natural, tal y como reflejan varias leyes somos agentes de la Autoridad. Representamos a dicha figura a la que todos debemos un respeto, tanto nosotros como los ciudadanos en particular. De hecho, la redacción de esos documentos oficiales está protegida por la ley y penalmente castigados si se falta a la verdad en el delito de falsedad de documento público. Por cierto, ¿qué verdad va a contar alguien que está incumpliendo leyes, reglamentos y sin observar los Derechos Humanos de otros ciudadanos?
El culmen del «sinsentido» de la modificación es el odio al idioma español. Sí, español, no castellano, porque en el idioma español se recogen muchas palabras del conjunto de comunidades autónomas, regiones, comarcas, municipios, aldeas, que durante siglos han aportado su granito de arena a nuestro idioma.
Ahora pretenden que se incluyan en el DNI las lenguas cooficiales en aquellas comunidades autónomas que posean una —o varias, me lo ponen a «güevo»—. Si no fuera suficiente permitir la diferenciación por idioma o lengua en el Senado—que ya es vergonzoso—, tienen la intención de diferenciarnos hasta en el Documento Nacional de Identidad. ¿Tendrán sitio suficiente dentro del documento para poner tal barbaridad? Vemos con simpatía a dos fulanos —o fulanas, estoy en racha—, hablando animadamente en un acto. ¿Qué idioma utilizan gallegos, vascos, catalanes, mallorquines, valencianos para entenderse entre ellos? Exacto, el español. Quizá sea eso lo que más les joda, salvo el papel timbrado con un alto valor, cuya única palabra sirve para vivir de las mamandurrias y el odio: euro.
La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido perpetrada por personas más cercanos a la delincuencia que a los ciudadanos españoles, a Policía y Guardia Civil, y alejados de la Ley. ¡Qué larga se está haciendo esta legislatura!
