Es evidente que la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental, con especial incidencia en las personas trabajadoras del sector sanitario y socio-sanitario, así como las personas trabajadoras de primera línea.
El resto de la población trabajadora también ha sufrido las consecuencias, con los confinamientos, el miedo al contagio o la pérdida del empleo. Estos aspectos vienen relacionados con la aparición de patologías asociadas a los riesgos psicosociales de origen laboral, como el estrés o la ansiedad, entre otros. Es por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema “Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”.
Los riesgos psicosociales de origen laboral son los únicos que no cuentan con una normativa propia. Actualmente es obligatorio, según la Ley 31/1995, evaluar los riesgos psicosociales y adoptar medidas en el seno de las empresas para reducirlos o eliminarlos, contando con la participación de las personas trabajadoras.
También es importante la reparación del daño a la salud mental, así como evitar que vuelva a suceder, actuando desde una perspectiva preventiva. Los trastornos relacionados con riesgos psicosociales tienen una alta incidencia en la salud de las personas trabajadoras, como así demuestra el elevado número de fallecimientos por infartos y derrames cerebrales en el trabajo, primera causa de muerte por accidente durante la jornada laboral en nuestro país.
El Gobierno tiene que impulsar un Plan de choque contra la siniestralidad laboral
UGT denuncia que las patologías que causan los riesgos psicosociales apenas tienen reflejo en las cifras de accidentes de trabajo y no se reconocen como enfermedad profesional. Ante este hecho, el sindicato reivindica la actualización del listado de enfermedades profesionales español, para que sean incluidas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, siguiendo la estela de la OIT que ya lo recoge en su listado de 2010.
Además, UGT insta al Gobierno a derogar de forma inmediata la reforma laboral, que ha precarizado las condiciones de trabajo, dada la alta temporalidad y parcialidad involuntaria, factores que influyen negativamente en la salud mental de la población trabajadora. Además, el sindicato reclama articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral que incluya entre sus líneas de actuación la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora.
De la misma manera, el Gobierno debe dotar de recursos a la Sanidad Pública para hacer frente a este problema de salud mental, incrementando el número de profesionales como psicólogos o psiquiatras del Sistema Público de Salud; y reforzar la Inspección de Trabajo, con medios humanos y materiales, para que vigile el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. Debe alcanzarse la ratio recomendada por la OIT de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas.
Los riesgos psicosociales están también relacionados con un incremento en el riesgo de suicidio, así como de las adicciones, por ello UGT pide que se establezcan protocolos de prevención e intervención de las adicciones en las empresas a través de la negociación colectiva.
