APFP denuncia que el Gobierno Vasco asume la gestión de las tres prisiones que radican en la Comunidad Autónoma Vasca, y que los funcionarios de la Administración General del Estado que prestan sus servicios en los Centros Penitenciarios de Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (San Sebastián), unos 600 trabajaroes, continúan con la incertidumbre y duda de saber cuáles serán sus condiciones laborales desde el pasado uno de octubre.
Y todo ello a pesar de la firma de borrador de condiciones laborales presentado por el Gobierno Vasco que sólo ha sido aceptado tan solo por uno de los sindicatos representativos de los funcionarios penitenciarios, UGT-ACAIP, habiéndose excluido del grupo de trabajo al sindicato mayoritario de la administración general de Estado, CSIF, y a APFP, con delegados y trabajadores afiliados en todas las prisiones vascas; motivo éste por el cual acudirán a los tribunales ante semejante atropello antidemocrático.
El pasado día 27 de septiembre se procedió a la firma del acuerdo que fijará las condiciones laborales de los trabajadores que de manera transitoria y hasta el 31 de diciembre de 2023. Llegada esta fecha, si no se llegase a rubricar un nuevo acuerdo, dejará vía libre para que el Departamento de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, órgano en el que se ha integrado la gestión de los centros penitenciarios, imponga de manera unilateral unas nuevas condiciones.
Es decir, se concede carta blanca a la Administración
Del acuerdo firmado, como afirma APFP, tan solo queda claro que se continuara aplicando la cadencia de trabajo actual y el mantenimiento de los permisos regulados mediante una Instrucción de servicio de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, pero nada se especifica del resto de derechos laborales.
A fecha de hoy, no se sabe si se van a mantener los emolumentos retributivos o si estos van a sufrir una bajada o aumento, ni por qué conceptos retributivos se va a cobrar. Tampoco saben cuál va a ser la situación administrativa de los trabajadores que se incorporen a la administración vasca tras la resolución del concurso de traslados que se convocó por el Ministerio del Interior el 1 de septiembre de 2021. No sabemos en qué limbo jurídico van a quedar puesto que no vienen incluidos en el anexo de personal del Real Decreto que regula la transferencia.
No se garantizan derechos adquiridos, algo establecido por la Ley de Proceso Autonómico, como la prolongación en el servicio activo hasta los setenta años de edad. Se limita la movilidad geográfica del personal entre las tres prisiones vascas así como la promoción profesional puesto que, si se adquiere un nuevo puesto de trabajo por cualquiera de las formas de provisión establecidas reglamentariamente se pierden complementos personales retributivos.
En definitiva, para APFP este acuerdo supone el mayor recorte de derechos laborales que se ha llevado a cabo en la historia, en una cesión de competencia estatal a la administración autónoma vasca.
Este sindicato denuncia el doble lenguaje del Gobierno Vasco, reconociendo por un lado y de cara a la opinión pública, la labor de los funcionarios de prisiones, depositando ramos de flores bajo el busto de Máximo Casado, Jefe de Servicios de la prisión de Nanclares de Oca asesinado por la Banda Terrorista ETA en el año 2000, así como publicitando hasta la saciedad la elaboración de un plan de acogida para el personal penitenciario que se va a transferir y por otro, presentando a la parte social borradores de acuerdo de condiciones laborales humillantes y denigrantes para el colectivo.
El Gobierno Vasco asume la gestión de los Centros Penitenciarios con un acto institucional simbólico en Basauri, retirando el escudo de España de las prisiones y poniendo el suyo propio
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha ratificado en sus puestos a las dos directoras de Basauri y Martutene y al director de Zaballa, entregándoles tres manuales de trabajo sobre materias de régimen interno y seguridad, gestión e intervención penitenciaria.
Los tres centros lucen ya los rótulos identificativos con el logotipo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
La viceconsejera Ana Agirre; el director de Justicia, Eugenio Artetxe, y el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia, han acompañado a la consejera en la reunión de trabajo.
Los tres centros penitenciarios vascos, Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa), lucen desde hoy el escudo del Gobierno Vasco que les identifica como infraestructuras de la Administración vasca. Los tres centros han cambiado sus rótulos identificativos, sustituyendo el logo del Ministerio de Interior del Gobierno español por el símbolo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
De esta manera, se escenifica el cambio de titularidad en la gestión penitenciaria, toda vez que se ha hecho efectivo el traspaso de la transferencia con fecha 1 de octubre.
La consejera Beatriz Artolazabal ha presidido esta mañana un acto institucional simbólico de asunción de las responsabilidades penitenciarias celebrado en Basauri, al que ha asistido la dirección de los tres centros: Vicenta Alonso (Basauri), Benito Aguirre (Zaballa) y Marian Moreno (Martutene). Por su parte, Artolazabal ha estado acompañada por su equipo de Justicia, encabezado por la viceconsejera Ana Agirre; el director de Justicia, Eugenio Artetxe, y el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia. La consejera ha comunicado a las tres direcciones la continuidad en sus cargos.
“Hoy en un día histórico al hacerse realidad, cuarenta años después, una muy significativa competencia del Estatuto de Gernika. Hoy es también un día más en la vida de los centros penitenciarios vascos. Un día histórico, pero también una jornada más de trabajo y servicio público con el objetivo de que internos e internas no noten diferencia en su día a día”, ha comenzado exponiendo Beatriz Artolazabal al inicio del acto.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha considerado clave en este recorrido de futuro “saber aprovechar el trabajo bien hecho en los centros penitenciarios vascos”, ya que con esta base se puede trabajar para “hacer realidad las mejoras que una gestión más cercana van a traer emparejadas, como ha sucedido en estas décadas de autogobierno con otras transferencias”.
Los ejes sobre los que se basará este trabajo son, según ha expuesto la consejera, la perspectiva de género, la atención a las víctimas y la defensa de los derechos humanos. Y, además, ha añadido, “la modernización de la Justicia y la cercanía a los colectivos más vulnerables”, así como “la vocación por lograr la reinserción socio-laboral de presos y presas desde una perspectiva formativa”.
Artolazabal también ha tenido una referencia para Aukerak, la Agencia Vasca para la Reinserción Laboral, que se aprobó ayer por amplia mayoría en el Parlamento Vasco. “Como ven, su propio nombre (oportunidades) ya es una declaración de intenciones”, ha reconocido, al tiempo que ha valorado el trabajo de Benito Aguirre, Marian Moreno y Vicenta Alonso y les ha dado las gracias por su ayuda para “aterrizar en un campo tan complejo como la gestión penitenciaria”.
“El modelo penitenciario, cuyas bases fueron aprobadas con amplio consenso en el Parlamento Vasco, empieza hoy a dar sus pasos. Sin prisa, pero sin pausa.
Tenemos clara la hoja de ruta y sabemos el destino al que queremos llegar. El espejo en el que nos miramos con orgullo es el sistema vasco de Justicia Juvenil. Sus valores y su experiencia nos inspiran”, ha declarado.
Artolazabal ha procedido a destapar las placas y el escudo del centro penitenciario de Basauri con la citada inclusión de los logos del Gobierno Vasco, tras lo que ha mantenido una reunión de trabajo con las directoras del centro vizcaíno y de Martutene, así como con el de Zaballa.
En esta reunión, la consejera les ha hecho entrega de tres documentos, que han sido analizados durante la primera reunión de trabajo. En ella han hablado sobre el manual de régimen interior y seguridad, que proporciona una cobertura jurídica al Cuerpo de profesionales penitenciarios. “Tratamos de evitar una actitud defensiva en la aplicación de medidas de seguridad, apostando por medidas de carácter terapéutico y educativo”, ha explicado, añadiendo que las medidas se tomarán “bajo la inspiración de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos”.
El segundo documento sobre el que se ha hablado es el manual de gestión penitenciaria, que garantiza el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad y procura la rehabilitación social, “apostando por un sistema de ejecución penal humanitario”.
Y el último punto ha sido el manual de intervención penitenciaria, en el que se recopilan los actuales programas de intervención, previendo que en el futuro se vayan incorporando nuevas iniciativas, especialmente en el impulso del programa de Justicia Restaurativa.
Datos en los centros penitenciarios
A día 1 de octubre, la población interna en los tres centros penitenciarios vascos se cifra en 1.387 personas: 778 en Zaballa, 326 en Basauri y 283 en Martutene. Del total, 80 son mujeres con 56 en el centro alavés y 24, en el guipuzcoano.
En cuanto al régimen abierto, en Martutene son 99 personas; en Zaballa, 90, y en Basauri son 185 condenados.
Por último, la plantilla actual de prisiones es de 593 personas, de las que 469 son hombres y 124, mujeres.
