Así de rotundos son desde el SUP, este sindicato policial sigue denunciando la discriminación que sufren las mujeres en la estatura mínima exigida para el acceso a la Policía Nacional. Mientras la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas redujeron a 155 cm la talla mínima de las mujeres en sus criterios de acceso, la Policía Nacional la mantiene en 160 cm en esta última convocatoria desoyendo las recomendaciones del Congreso y las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE.
El Ministerio de Interior vuelve a discriminar a las mujeres que aspiran a ingresar en la Policía en su última convocatoria, exigiéndoles una talla mínima de 160 cm para el ingreso en el cuerpo. Una vez más Interior ignora las reivindicaciones sindicales para que se iguale la talla mínima de acceso con lo exigido en las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad autonómicos y estatales. También ignora la recomendación unánime de la Comisión de Interior del Congreso para que se redujera la talla mínima a 155 cm en las futuras convocatorias, y “de paso hace oídos sordos a la sentencia de 2017 de la Unión Europea que daba la razón al SUP en sus demandas”.
Desde este sindicato exponen que al fijar en 160 cm la talla mínima de acceso de las mujeres a la Policía Nacional, Interior las sitúa en inferioridad de condiciones respecto a sus iguales de los cuerpos policiales y Fuerzas Armadas. También supone una discriminación grave respecto a sus compañeros varones, ya que los 160 cm dejan fuera al 50% de las aspirantes mientras que la barrera de 165 cm para los hombres solo afecta al 20% de los candidatos. A pesar de todo Interior, mantiene esa barrera que discrimina y perjudica a las opositoras, en un cuerpo en el que el porcentaje de mujeres supera escasamente el 15,56% del total de efectivos.
La incomprensible actitud del Ministerio de Interior obliga a los representantes de los agentes a insistir en estas reivindicaciones, ahora con el envío de una carta al ministro Marlaska acompañada por el detallado informe que en enero ya remitieron a su departamento. Ese informe, elaborado con esfuerzo y minuciosidad por las expertas del SUP, revelaba las diferencias entre candidatas y exigía la revisión del Real Decreto 614/1995 que justifica la discriminación. Esperamos sinceramente que, esta vez dicho informe sirva para abrir los ojos de los responsables del ministerio y ensanchar sus perspectivas.
