Es fundamental derogar las reformas laborales de forma urgente y a abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral.
Es necesario un Plan de choque contra la siniestralidad laboral que contemple la reducción de los riesgos psicosociales, puesto que la primera causa de muerte en el trabajo son infartos y derrames cerebrales.
Además, es imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo para que vigile el cumplimiento y aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el avance de accidentes de trabajo hasta el mes julio de 2021, se han producido 635.062 accidentes de trabajo, de los que 317.258 accidentes laborales han causado la baja laboral del trabajador (aumentando este dato en un 20,4%) y 317.804 no han producido incapacidad temporal (experimentando un aumento del 10,6%).
De ellos, 406 acabaron con el fallecimiento de la persona trabajadora, descendiendo esta cifra en un 2,9% respecto a los datos de avance de los siete primeros meses de 2020, lo que suponen 12 muertes menos.
De los accidentes laborales que causaron baja, 275.901 tuvieron lugar durante la jornada de trabajo, aumentando en un 18,7%. El resto, 41.357 fueron registrados in itinere, aumentando en un 33,3%.
Las cifras arrojan que los hombres han sufrido la mayor parte de los accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral con 201.239 accidentes (+17,1%) lo que supone un 73%. Ahora bien, entre las mujeres ha aumentado más este tipo de accidentes (+23,3%), alcanzando los 74.662 casos.
Además, los datos muestran que los sobreesfuerzos sobre el sistema musculo esquelético son la primera causa de accidentes con baja en jornada de trabajo con 87.935 casos, seguidos de los choques contra objetos inmóviles con 73.618 accidentes.
Infartos y derrames, primera causa de muerte en el trabajo
Como indicábamos, durante los siete primeros meses de 2021 fallecieron 406 trabajadores, 12 personas menos que las fallecidas hasta julio de 2020 (-2,9%). Durante la jornada de trabajo han fallecido 329 personas, 17 menos respecto al dato de julio de 2020 (-4,9%) y 77 fallecimientos fueron in itinere, 5 más que en Julio de 2020 (+6,9%).
La construcción es la sección de actividad que registra mayor número de más muertes, con 64, seguida del trasporte y almacenamiento que aglutina 57 fallecidos y la industria manufacturera con 48. Sin embargo, es el comercio la actividad que presenta un mayor incremento con 11 fallecimientos más, alcanzando un total de 37.
La primera causa de fallecimiento durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales con 125 accidentes, 1 menos que los registrados hasta julio de 2020, seguida de los accidentes de tráfico con 56 muertes, 2 menos que durante los siete primeros meses de 2020.
La vuelta a la actividad aumenta la siniestralidad
Durante los siete primeros meses del año se han registrado 6.999 accidentes de trabajo debidos a la COVID-19, de los que 6 han sido mortales y 11 graves. Además, se registran incrementos en el número de accidentes con baja, así como en la incidencia de los accidentes ocurridos durante la jornada laboral, algo esperable, ya que durante el año 2020 la actividad empresarial se paralizó en muchas empresas como medida para controlar la pandemia causada por la COVID-19.
Sucede, por ejemplo, en la hostelería, donde hay grandes incrementos de los accidentes en comparación con las cifras del año pasado, y donde el índice de incidencia de los accidentes con baja en jornada de trabajo aumenta en un 21,1%. Un incremento que se refleja también en los muertos en accidente laboral del sector servicios, que registra 175 muertes, 20 más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.
Lo mismo sucede en las actividades sanitarias y de servicios sociales donde el índice de incidencia de los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral se ha incrementado en un 38,8% respecto al mismo periodo de 2020. Estos accidentes vienen derivados de los contagios por COVID-19 calificados como accidente de trabajo por ello, es necesario realizar evaluaciones de riesgo y seguir utilizando los EPIS adecuados al riesgo de contagio por COVID-19 que corren estos trabajadores y trabajadoras. Denunciamos igualmente la precariedad de las condiciones laborales de este sector debido a la elevada temporalidad y rotación de los puestos y el exceso de carga de trabajo.
Además, en 2020, los accidentes in itinere descendieron porque muchas empresas recurrieron al teletrabajo, pero tras la vuelta a la actividad, los fallecimientos por este tipo de accidentes aumentan un 7% con 77 fallecidos.
Acabar con la precariedad es esencial para reducir los accidentes de trabajo
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores insta al Gobierno a derogar las reformas laborales de forma urgente y a abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas que pongan fin a esta situación. No podemos permitir que los trabajadores y trabajadoras sigan muriendo por el simple hecho de ganarse la vida.
UGT reitera la necesidad de articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata que contemple, entre otras cosas, la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.
Por otro lado, es imprescindible reforzar la Inspección de Trabajo, con medios humanos y materiales para que vigile el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales y su normativa de desarrollo. Debe alcanzarse la ratio recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, de esta forma, se ampliaría su actividad planificada de visitas a empresas.
Además, debe incluirse la COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales español para que se declare como tal y así garantizar la protección de muchos trabajadores y trabajadoras, siguiendo la estela de la Comisión Europea que actualizará la Recomendación de la Comisión sobre enfermedades profesionales para incluir la COVID-19 antes de 2022.
