CCOO remarca que el Secretario General de Instituciones Penitenciarias ha faltado a su compromiso con la verdad con los diputados y diputadas de la Comisión de Interior del Congreso, ya que, a finales de enero de 2019, durante su comparecencia para explicar los presupuestos del departamento, informaba que la voluntad del Ejecutivo era rescindir poco a poco los contratos con las empresas privadas y sustituirlos por personal público. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobaba el gasto de 67.461.360 de euros para el lobby de la seguridad privada.
En la reunión de este martes, 7 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó una partida presupuestaria de 67.461.360 de euros, la de mayor cuantía hasta la fecha, para que la Secretaría de Estado de Seguridad contrate con el lobby de la seguridad privada un servicio de apoyo a la vigilancia exterior en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, incumpliendo la normativa penitenciaria que asigna esta competencia “en exclusiva” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demostrando una falta de sensibilidad y de compromiso con la degradada situación que se padece en Instituciones Penitenciarias, así de duras son las palabras de la sección sindical estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias al haber tenido conocimiento de estos hechos.
Antes de que llegara Fernando Grande-Marlaska al Ejecutivo, Instituciones Penitenciarias ya se encontraba en un conflicto laboral que a día de hoy sigue enquistado y sin solución. A pesar de las reiteradas promesas del ministro Marlaska de abordarlo, la respuesta siempre es el engaño a las trabajadoras y trabajadores penitenciarios.
Esta nueva partida presupuestaria de 67.461.360 de euros que se va a destinar a aumentar los beneficios de las empresas privadas del sector, a la vez que se mantiene el gasto público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en el exterior de las prisiones, permitiría haber abordado el conflicto laboral de prisiones. Sin embargo, los hechos demuestran que se sigue apostando por avanzar en el proceso de privatización de este servicio público y que no existe ninguna voluntad política de revertir la degradación de las condiciones laborales del colectivo penitenciario ni de abordar la enorme brecha salarial que existe entre puestos de trabajo que son iguales.
La política penitenciaria del ministro Marlaska, además de errática y contraria a los intereses de la ciudadanía, demuestra una falta de eficiencia económica absoluta. Mientras continúa bajando la población reclusa (casi un 25% menos desde el año 2009), se incrementa el presupuesto de IIPP, que asciende a 1.196 millones de euros, para hacer negocio con las condenas y con lo público, desviando cada vez más fondos públicos a las empresas privadas.
Estas decisiones lo que están originando es una descapitalización permanente del empleo público, precarizando las condiciones laborales y una frustración entre el personal penitenciario, que es el único garante de la aplicación efectiva del derecho constitucional a la reinserción, que para el Ministerio queda reducida a una política de gestos y de propaganda vacía de contenido real, con un déficit en las clasificaciones penitenciarias, en la seguridad interior, o en la evaluación de la reinserción, que hipoteca un servicio público esencial y el fin social que justifica su existencia.
La prueba de que este sindicato tiene razón y de que se está malgastando el dinero público es que durante 20 meses catorce centros penitenciarios han estado funcionando con normalidad sin seguridad privada, ya que en el año 2019 quedó desierto uno de los lotes licitados de estos servicios de vigilancia privada perimetral, correspondiente a las siete prisiones madrileñas, las cinco prisiones de Castilla La Mancha, la prisión de Cáceres y la de Badajoz, lo que ha evitado un gasto innecesario para las arcas públicas.
CCOO reitera que es necesario cumplir los compromisos anunciados en sede parlamentaria y solucionar el conflicto laboral de prisiones. Los engaños a las plantillas solo provocan frustración, deterioran las relaciones laborales y repercuten en la prestación de un servicio público tan sensible como el penitenciario.
