La proliferación de despidos realizados por algoritmos demuestra la necesidad de acelerar una ley europea sobre Inteligencia Artificial que acote, regule y disuada de estas prácticas.
Los antecedentes como el caso Xsolla o el caso de TAP y la inhumana operativa de “desconexión” de las plataformas digitales, son claros ejemplos de decisiones algorítmicas que despiden a personas sin mediar razón humana, algo vetado por la ley.
Es urgente poner coto a unas herramientas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras y promulgar leyes nacionales y europeas que defiendan los derechos de las personas trabajadoras ante los peligros que conlleva una digitalización salvaje de la economía.
La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras -UGT- advierte de la acumulación de despidos decididos y efectuados por algoritmos a pesar de que se trata de prácticas vetadas por el Reglamento General de Protección de Datos.
El sindicato denuncia que las empresas ignoran intencionalmente esta prohibición, desafiando nuestras leyes y los legítimos derechos de las personas trabajadoras.
La alarma saltó con el uso de los algoritmos por parte de las plataformas digitales como arma de precarización y de despido automático (el término es “desconexión” en su propia neolengua). Pero cada día hay más casos como el de TAP Portugal, que echó a decenas de personas o, recientemente, el de la empresa rusa Xsolla, que ha despedido a cientos de empleados porque así lo ha decidido un programa informático. Por ello, UGT considera fundamental aumentar el control de estas herramientas para erradicar completamente estas prácticas.
Si se cumplen las previsiones de los principales organismos internacionales, la digitalización y automatización del empleo puede ocasionar una brutal dislocación de nuestro mercado de trabajo, con millones de empleos en peligro. Tal vulnerabilidad es terreno abonado para el uso de este tipo de programas informáticos, que despedirán sin miramientos, sin probidad y sin humanidad.
Necesidad de legislar la Inteligencia Artificial laboral
En España, a través del Diálogo Social, se dio un primer paso introduciendo un nuevo apartado al artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todas las empresas a proporcionar información sobre cualquier Inteligencia Artificial que afecte a la relación laboral. A este acuerdo siguió la publicación del estudio “Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales”, elaborado por el sindicato, en el que se refleja el posicionamiento de UGT sobre el contenido de una futura ley sobre esta materia.
En esta línea, el pasado 21 de abril, la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta para promulgar una Ley de Inteligencia Artificial, que regulará el funcionamiento de los algoritmos y la IA en las relaciones laborales, una reivindicación de nuestro sindicato.
Para UGT, la propuesta que contiene importantes novedades en el terreno laboral, y representa un viraje sustancial en las políticas de la CE, que prácticamente ignoraba el factor trabajo en sus propuestas previas.
La Inteligencia Artificial laboral, una actividad de alto riesgo
Además, el sindicato califica la Inteligencia Artificial aplicada al mundo del trabajo como una actividad de alto riesgo, idea que la CE también asume como propia. La importancia de asignar a la Inteligencia Artificial laboral un alto riesgo preventivo radica en que, a partir de que la ley sea ratificada, todas las empresas deberán asumir que la implantación de este tipo de soluciones implicará un “riesgo de impacto adverso en los derechos fundamentales […] con respecto a su gravedad y probabilidad de ocurrencia”, creando “un impacto adverso en la seguridad de las personas o sus derechos fundamentales (protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE)”.
En consecuencia, todas las empresas deberán cumplir unos requisitos antes, durante y después de la puesta en marcha de algoritmos laborales. Deberán, por ejemplo, registrar la existencia y actividad de estos algoritmos, al objeto de garantizar la trazabilidad de sus resultados; estarán obligadas a mitigar sus riesgos al máximo, asegurando la seguridad y la precisión en su funcionamiento; se deberá garantizar que los datos usados para tomar las decisiones informáticos estén libres de sesgos y que obtengan resultados discriminatorios; y, finalmente, la IA laboral siempre deberá estar supervisada por una persona – o dicho de otro modo, un humano estará siempre al final de la cadena decisoria, por encima de los resultados de una máquina-.
Máxima prioridad
La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras considera muy positivo que Bruselas haya adoptado como propias la práctica totalidad de las propuestas del sindicato, en algunos casos casi milimétricamente puesto que eso significará que a partir de la puesta en vigor de esta norma, los algoritmos dejarán de ser elementos opacos, cajas negras donde ocultar decisiones caprichosas, ofensivas o discriminatorias y el funcionamiento de la IA estará, obligatoriamente, vertebrado por la transparencia: se deberá documentar su propósito, se tendrá explicar su funcionamiento a autoridad laboral y personas trabajadoras y de deberá aportar información clara y precisa sobre su impacto.
UGT urge a acelerar la promulgación de esta ley, otorgándole máxima prioridad porque es necesario poner coto a unas herramientas informáticas que atentan contra derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Ante una amenaza de este calibre es imperioso regular con contundencia y determinación, disuadiendo a las empresas del uso de estas prácticas so pena de elevadas multas.
Del mismo modo, y de forma simultánea, seguirá vigilando la correcta aplicación de la IA y los algoritmos en todos los centros de trabajo, empresas y sectores, implicando a la Autoridad Laboral y a los juzgados de lo Social cuando sea preciso.
