La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido a la Sala Segunda de lo Penal del mismo órgano judicial las diligencias de investigación incoadas desde el 23 de febrero de 2021 contra Pablo Echenique. La causa contra el diputado ha sido abierta a raíz de la denuncia presentada por la Confederación Española de Policía (CEP) por el tuit lanzado por el político durante los graves disturbios registrados en Madrid el 17 de febrero en una concentración de homenaje al rapero Pablo Hasel que terminó con alteraciones del orden público en el centro de la ciudad y lesiones de varias decenas de funcionarios de las Unidades de Intervención Policial (UIP).
Esta decisión, comunicada a CEP mediante decreto de 19 de julio, supone que el Alto Tribunal investigará la denuncia inicial por un mensaje en redes sociales en el que manifestaba: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”. Iniciativa que se produjo a las 21:18 horas, cuando era ya de dominio público la entidad de los incidentes en el centro de Madrid (calles adyacentes a Sol), la violencia empleada por sus autores, la vinculación de estos últimos al acto que concitó su asistencia y la gravedad de los destrozos en el mobiliario urbano y ataques a miembros de las Unidades de orden público de la Policía Nacional.
Con posterioridad, el 22 de febrero, Pablo Echenique fue interpelado en un programa de Televisión Española sobre la denuncia de CEP y dijo: “aprovecho para desmentir un mito y es que cuando yo escribo algo en Twitter lo hago en caliente. No es verdad. Lo pienso mucho”.
Estas afirmaciones llevaron a este sindicato a presentar un escrito ampliatorio ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, el 8 de marzo, llamando la atención sobre el hecho de que un mensaje de esas características fue lanzado desde la plena consciencia, sin obedecer a una causalidad o a un momento de ofuscación.
“Existía, a nuestro juicio, un elemento de dolo”, precisan desde CEP recordando que esos graves disturbios provocaron la intervención de los servicios médicos del SAMUR par atender a 55 personas heridas (34 de ellas, policías nacionales) y que el Ayuntamiento de Madrid, en una primera valoración, tasó los destrozos provocados por los violentos en más de 200.000 euros.
