Así lo denuncia el sindicato de trabajadores penitenciarios ACAIP-UGT, exponiendo que alrededor de 500 internos de los CIS (secciones abiertas) de Galicia dispondrán de móviles, ordenadores, dinero, medicamentos, y otros aparatos de diversa índole sin supervisión alguna, en el interior de los establecimientos.
La reciente Instrucción 2-2021 de Instituciones Penitenciarias relativa al protocolo de seguridad en los Centros de Inserción Social supone una vuelta de tuerca más para los profesionales penitenciarios que trabajan en el Medio Abierto, y pese a que su fin era asumir el tramo final de la condena de los internos en semilibertad, no han dejado de asumir en los diez últimos años nuevas funciones y responsabilidades como los trabajos en beneficio de la comunidad, seguimiento de medidas de alejamiento (pulseras) programas de educación vial o sexual, todo ello sin medios y en muchos casos de forma autodidacta por falta de formación por parte de la Administración.
Exponen que a todo esto deben sumar la pandemia y el aumento del control telemático con el aumento de cargas de trabajo y burocracia que implica todo ello.
Si además le sumamos la política de hechos consumados por parte de la Secretaria General de transformar unos centros con plantilla e infraestructuras pensadas para internos en tercer grado, trabajando en el exterior y acudiendo al centro sólo a dormir, en pequeños centros penitenciarios al admitir el ingreso de cualquier penado con hasta cinco años de condena en ellos, el resultado no es otro que una merma en la seguridad y la integridad física de internos y trabajadores.
La Instrucción basa su razón de ser en familiarizar y normalizar a los internos con las nuevas tecnologías, pero obvia la realidad en la que tiene que aplicarse, y la conducta delictiva de las personas que van a poder utilizar estos medios.
Es más, parece que las nuevas formas delictivas que se dan con las nuevas tecnologías, como el ciberacoso a las víctimas de violencia de género, estafas, delitos en el ámbito sexual, usurpación de personalidad entre otros muchos, no pudiesen ocurrir de puertas para dentro, aunque no existan medios ni personal para evitarlos.
Señalan que los trabajadores también estarán indefensos ante la divulgación de su imagen durante sus horas de trabajo.
Esto por lo que se refiere a las nuevas tecnologías, dado que los medicamentos (no hay personal médico en los CIS) y otros objetos circularan libremente por los Centros de Inserción Social con idéntico control.
Los funcionarios de prisiones son los primeros en asumir que se debe establecer un vínculo de confianza con el interno que accede al tercer grado, paso previo a su reingreso en la sociedad, pero acceder a este grado implicaba unos compromisos por parte del interno y un conocimiento de este por los profesionales, que ahora no va a ser posible al tener que convivir con internos cuyas condenas de hasta cinco años les permiten “pagar” su pena en un CIS pero sin poder acceder al exterior.
La conclusión para ACAIP-UGT es evidente, ni los establecimientos ni las plantillas de los CIS, están preparadas para asumir las directrices de seguridad y funcionamiento que el centro Directivo está implementando
