Desde el sindicato representativo de la Policía Nacional SUP denuncian una vez más el desamparo institucional que sufren los policías por parte de un Gobierno, el cual se niega a usar las vías legislativas a su alcance para resolver el atasco de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía que afecta a las carreras de miles de policías, mientras utiliza esas mismas vías para beneficiar a presos etarras.
Las comparaciones, además de odiosas, son inaceptables y el Gobierno no presenta la misma disposición para resolver a través de sus parlamentarios los problemas de los policías que los de los terroristas condenados.
La tramitación en el Senado del Proyecto de Ley Orgánica de protección a la infancia incluirá entre sus iniciativas la modificación de varios cuerpos legislativos, entre ellos la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Estas modificaciones incluirán la posibilidad de que terroristas condenados accedan al tercer grado penitenciario, con sus permisos y salidas de prisión, por motivos humanitarios, enfermedad o edad avanzada, igual que deja la puerta abierta a otras condiciones favorables a los terroristas condenados.
Desde el SUP denuncian cualquier trato que beneficie a presos condenados por terrorismo y exigen al Gobierno que emplee de igual manera su fuerza legislativa para resolver los problemas de los policías en vez de aplicarse en abrir la puerta de las cárceles a los terroristas presos, independientemente de que las modificaciones del Senado sean aprobadas o no posteriormente en el Congreso.
Los representantes de los agentes policiales insisten en que esa misma vía legislativa la podría utilizar el Gobierno para solucionar el desamparo de miles de policías cuyas carreras profesionales se han visto cortadas de raíz por la Ley Orgánica de Régimen de Personal.
Esa norma, la Ley Orgánica de Régimen de Personal, exigía titulaciones a los policías que quisieran ascender a cambio de que el Ministerio de Interior diseñara una malla curricular y creara un centro universitario policial.
Ya han pasado los cinco años de moratoria para aplicar la Ley, y ni hay malla curricular ni centro universitario policial. Lo que sí hay son cerca de 3.000 policías de todas las categorías que no podrán ascender viendo frustradas sus vidas y sus carreras profesionales.
Valga como ejemplo que un subinspector con 25 años de servicio intachable, cerca de 100 detenciones, 50 cursos relacionados con la labor policial y decenas de recompensas por su trabajo, no pueda promocionar por ausencia de un título universitario que avale su expediente.
Desde el SUP instan al Gobierno a que resuelva el problema a través de sus parlamentarios, o mediante la segunda opción de la vía del Decreto Ley. Esta segunda opción tan recurrida por el Gobierno con 39 decretos aprobados sólo en 2020 no parece algo excepcional vista la asiduidad con la que el Gobierno actual recurre a ella como atestiguan las cifras.
La solución de modificar la Ley o prorrogar la moratoria de la aplicación de la Ley de Personal está en sus manos, “y como acabamos de comprobar solo es necesaria voluntad política para solucionarlo”.
