Pilaru Ramos entrevista a Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), realizando un profundo análisis de las reivindicaciones más recientes que rodean al sector así como las problemáticas a las que hacen enfrentan estos profesionales de la seguridad que prestan servicio en los centros penitenciarios españoles.
Las agresiones a funcionarios de prisiones son cada vez más frecuentes y de mayor violencia. Uno de los últimos altercados más recientes ha estado protagonizado por Norber Feher, más conocido como Igor el Ruso, un preso extremadamente peligroso que atacó brutalmente a cinco funcionarios de la prisión de Dueñas. Nos encontramos ante un recluso que cuenta con un amplio historial de incidentes regimentales y que ha sido juzgado por el triple asesinato ocurrido en el término municipal de Andorra en 2017, en el que disparó a un ganadero y a dos guardias civiles. Francisco LLamazares analiza éste y otros casos de agresiones manifestando que se encuentran ante “personas inadaptadas al sistema, al régimen, perfiles con un largo historial delictivo que no se adaptan a nada ni respetan nada”. Los funcionarios de prisiones se encuentran en estos casos con individuos impredecibles y el peligro puede surgir en cualquier momento, en cualquier situación como una comunicación de cuestión administrativa.
“Vemos que esto va en aumento y no hay ninguna forma que por parte de la administración intervenga y se proteja a los trabajadores penitenciarios y esperemos que nunca tengamos que llegar a situaciones peores”, manifiesta Francisco Llamazares en referencia a la inacción que denuncian por parte de Interior o la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. “Estamos vendidos por nuestros representantes políticos”, sentencia para h50.
El problema ya no son las lesiones o las fracturas sino las secuelas psicológicas que perduran sobre las víctimas de estas agresiones. “Ya no solamente vas a ejercer tu profesión sin medios sino que no sabes lo que te espera cada día”, denuncia el presidente de APFP. El mayor reto pasa ahora por la seguridad de los trabajadores sin ver una respuesta institucional ante este problema.
Sobre el perfil de reclusos peligrosos como Igor el ruso, Francisco asegura que el mayor problema al que se enfrentan los trabajadores es su carácter imprevisible porque no saben en qué momento ni ante qué actuación responderán con extrema violencia hacia los funcionarios.
El recluso se encuentra en estos momentos en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) donde los trabajadores afrontan con preocupación su comportamiento o respuesta violenta.
Francisco Llamazares ha denunciado también los escasos medios humanos y materiales que disponen los funcionarios de prisiones incluyendo una deficiente formación de materia de seguridad. Este colectivo también ha demandado la dotación de armas no letales como el táser, herramienta que consideran efectiva para frenar estos ataques y proteger la integridad física de los trabajadores.
“A veces, te encuentras cuando abres las celdas con un poco de agua en el suelo con jabón para que cuando entres te resbales y el interno pueda actuar sobre ti”, ha precisado Francisco LLamazares en relación a las tácticas que emplean los internos para agredir a los funcionarios.
Son situaciones de extrema violencia donde los profesionales hacen frente a situaciones complejas en un espacio es muy reducido entre 4 y 6 metros cuadrados. Este extremo da lugar a reclamar derechos, no solo para los internos, sino también para los trabajadores que se encuentran desempeñando funciones en una zona hostil al margen de la realidad que vive la sociedad.
“Nos faltan 3.000 efectivos, en 10 años se va a jubilar más de la mitad de la plantilla”, ha denunciado, en relación a la falta de personal señalando que es también uno de los grandes problemas que afecta a este colectivo.
