· UGT recuerda al Gobierno que sigue sin cumplir la obligación de elaborar una política y un plan de acción contra el trabajo forzoso, en el marco del diálogo social, tal y como establece el Protocolo, al Convenio de Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo que entró en vigor en septiembre de 2018.
· El sindicato considera que la Estrategia de la UE para luchar contra la trata de seres humanos respalda muchas de sus propuestas, entre ellas: que la justicia penal dé una repuesta más contundente contra la trata con fines de explotación laboral, penalizar la demanda de servicios o productos de la explotación de seres humanos e intensificar los esfuerzos conjunto con la Inspección de Trabajo y con los interlocutores sociales.
La Comisión Europea en un informe sobre la Estrategia de la UE para luchar contra la trata de seres humanos, contiene una serie de indicaciones compartidas y demandadas reiteradamente por UGT. Así, señala que se han ganado 14.000 millones de euros por la trata con fines de explotación sexual en la Unión y recuerda a los Estados Miembros que han de fortalecer la respuesta de la justicia penal contra la trata con fines de explotación laboral e intensificar los esfuerzos conjuntos con la Inspección de trabajo y los interlocutores sociales.
La Estrategia aborda una serie de aspectos para mejorar la lucha contra la trata de seres humanos en el entorno de la Unión Europea entre los que queremos destacar:
- La penalización de la demanda de servicios o productos de la explotación, que la Comisión plantea como una posibilidad. Para UGT es un elemento necesario para la lucha contra la trata, fundamentalmente, en el caso de explotación sexual y laboral.
- La protección de todas las víctimas de trata sea cual sea su sexo, edad, nacionalidad o la finalidad de la trata. Hoy por hoy es necesario un sistema de protección mejor dotado para las víctimas de trata sexual y seguimos careciendo de un sistema de protección para las mujeres y hombres victimas del resto de finalidades de la trata.
UGT recuerda, una vez más, al Gobierno que desde el 20 de septiembre de 2018 está en vigor el Protocolo, de 2014, al Convenio de Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Y sigue sin cumplirse la obligación de elaborar una política y un plan de acción nacionales contra el trabajo forzoso conjuntamente con los Interlocutores Sociales.