El ser humano yerra, eso lo sabemos, aún más quien tiene la capacidad de decidir sobre y por muchos. En España el que decide sobre unos hombres y mujeres uniformados que prestan una importantísima y magnífica labor es, simplemente, indigno.
Tenemos un Ministro del Interior que no acierta ni por equivocación, desde luego si yo fuera su asesor le recomendaría encarecidamente hacer todo lo contrario a lo que su mente maquina. La gestión de este nefasto Ministro, para colmo, está marcada por estrategias bolivarianas de colocar a afines y castigar a no afines, aunque sean buenos servidores públicos. El Ministro Grande Marlaska no es tonto, es terriblemente malo.
Marlaska, a través de la Directora General de la Guardia Civil presuntamente prevarica y digo porqué. El Ministro del Interior toma la arriesgada decisión de cesar a un mando de la Guardia Civil que, en el seno de una investigación judicial, se niega a dar datos de dicha investigación en la que sus hombres y mujeres ejercen jurídicamente como Policía Judicial, y por ello, dependientes del Juzgado ordenante. El Ministro lo llamó reestructuración de equipos, el nombre real es autoritarismo prevaricador.
La decisión de ese mando de la Guardia Civil es valiente y refrendada por la Ley, Ley cuyo imperio es cuestionado por un representante del poder Ejecutivo con técnicas de mafiosete de tres al cuarto. El Juzgado conoce de tal cese, y, como no podía ser de otra manera, lo revoca.
Por si fuera poco, el mismo mando de la Guardia Civil es el primero de su Escalafón para ascender y, como era previsible, una decisión política hace que el número 2 y el 3 asciendan, mientras que el castigo al legal disidente continúa.
Decisiones injustas a sabiendas de su antijuricidad dictadas por autoridades legitimadas para tomarlas y profundamente conocedoras de la entidad antijurídica de sus hechos, ¿no se parece mucho eso a lo establecido en el Artículo 404 del Código Penal?
Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Pero claro, ¿qué podemos pedir a quienes se sientan con herederos de asesinos y llegan a pactar Gobiernos y presupuestos con ellos? ¿Qué entidad moral tienen aquellos que blanquean a organizaciones nacidas del infinito dolor de las víctimas del terrorismo? ¿La Ley? Hace tiempo que dejaron de respetarla.
Quizás sea el Ministro del Interior el caso más llamativo, pues ya más de media España clama su dimisión, pero no es el único. La Vicepresidenta Ere Montero miente más que habla. Impuestos, mascarillas, test, etc. El Ministro “sujétame el cubata” Ábalos se reúne en territorio español con personas con prohibición de entrada y hace a una compañía con 2 aviones y con claras vinculaciones Venezobolivarianas receptora de una ayuda gigante mientras abandona a millones de autónomos; Irene Montero, la esposísima, va a memez por intervención, eso sí, con una niñera pública a 50.000 pavos para que no se le estropeen las manos. Y podría seguir, se libran pocos, casi ninguno.
A los españoles nos sorprende ver como en otros países políticos relevantes dimiten por muchísimo menos, estamos ya terriblemente acostumbrados a la indignidad, y es que claro, con el Presidente del Gobierno más mentiroso de la historia no podíamos esperar que su corte de honor mejorara la presente.
