· El sindicato UGT exige más protección en nuestras decisiones de compra frente a los intereses económicos de las grandes empresas.
· Demanda a la ciudadanía comprar en empresas que respetan los derechos laborales y sociales y que no eluden el pago de impuestos.
· Resulta imprescindible disponer de juzgados especializados en consumo con procedimientos ágiles y crear la Agencia de Protección al Usuario Financiero, desde el diálogo social, que proteja al consumidor de los abusos del sistema bancario.
· Reclama contar con presencia institucional en los Consejos de Consumidores y Usuarios para poder defender los intereses de las personas hacia una economía más justa y sostenible.
Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra hoy lunes 15 de marzo, la Unión General de Trabajadores anima a todos los trabajadores y trabajadoras a reivindicar y reflexionar sobre el importante papel que jugamos en la vida económica y social como consumidores y consumidoras, exigiendo una política de derechos que nos proteja teniendo en cuenta las nuevas modalidades de consumo que han proliferado en los últimos tiempos y que se han intensificado de manera significativa en este último año.
En estos días más que nunca, marcados por la incertidumbre sanitaria, económica y social, el sindicato reclama un sistema de protección que ampare nuestras decisiones de compra frente a los intereses económicos de las grandes empresas, posibilitándonos adoptar un rol activo en la transformación económica, social y medioambiental de nuestra realidad. En este sentido, UGT reivindica el derecho a disponer de bienes y servicios que no atenten contra nuestra salud, el medioambiente o los derechos humanos de las personas que los producen, contribuyendo a construir un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado y justo, en línea con el objetivo 12 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Comprar en empresas que respetan los derechos laborales y sociales, que no eluden el pago de impuestos, que incentivan el comercio de proximidad o que fomentan la participación de sus trabajadores y trabajadoras constituye una potente palanca de cambio que debemos fortalecer.
No obstante, para poder realizar elecciones responsables y sostenibles de consumo, es preciso contar con un sistema de garantía de derechos eficaz que se amplíe y refuerce a la par que lo hacen las necesidades de este consumidor que se muestra cada vez más consciente de la responsabilidad social y medioambiental de sus acciones. Acciones que, por otro lado, se encuentran cada vez más condicionadas por la globalización e internacionalización de la economía, por la disponibilidad inmediata de bienes de cualquier parte del mundo, es decir, por los nuevos hábitos de consumo derivados del comercio electrónico y del uso de internet, cuya importancia se ha visto intensificada durante la actual crisis sanitaria.
Una política de consumo eficiente y suficiente
Desde 1984, año en el que se aprobó la primera ley de consumidores y usuarios, la sociedad organizada en agrupaciones de consumidores no ha dejado de demandar mayores medidas de protección, aún insuficientes hoy en día, como demuestran las numerosas reclamaciones acumuladas año tras año en sectores como la telefonía, los servicios bancarios o la electricidad.
En este contexto, UGT considera necesario impulsar una política de consumo específica y diferenciada que realmente cuente con suficiente capacidad de actuación y que implique a todas las Administraciones Públicas. Para ello, es imprescindible contar con una normativa que ampare las acciones colectivas y disponer de juzgados especializados en consumo que tengan unos procedimientos de actuación más ágiles que los actuales. En esta línea, es primordial que se lleven a cabo de manera inmediata reformas legislativas para la creación de una Agencia de Protección al Usuario Financiero, que efectivamente proteja al consumidor de los abusos del sistema bancario.
Para cumplir con estas reivindicaciones, y en defensa de nuestros intereses como sindicato más representativo, UGT exige contar con presencia institucional en los órganos de representación de los Consejos de Consumidores y Usuarios, tanto a nivel estatal como autonómico y local.
El momento actual es propicio para incentivar un cambio profundo hacia una economía más sostenible y que mejore la cohesión social y territorial, impulsando políticas que redefinan los actuales patrones de consumo y que protejan al consumidor responsable, posicionando nuestra reivindicación como consumidores y como sociedad como un elemento central de los sucesivos planes de recuperación a todos los niveles.
