Estas políticas, ha demandado Adela Carrió, Secretaria Confederal de UGT, deben estar encaminadas a mejorar la calidad de vida y a evitar tanto la discriminación como la exclusión social. También es necesario que sean transversales y deben promoverse junto a iniciativas que permitan avanzar en el envejecimiento activo saludable y en la participación de las personas mayores en la vida social, familiar y política; pero también en el aprendizaje permanente e intergeneracional.
El sindicato reivindica una estrategia estatal contra la soledad no deseada y la violencia hacia las personas mayores
UGT demanda para ello la aprobación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice una protección específica a los mayores y que contemple los ámbitos de salud, vivienda, protección económica, jurídica, cultura y ocio. Esta legislación debe garantizar la protección y ejercicio de los derechos de las personas mayores, así como la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la atención a las situaciones de vulnerabilidad y la participación activa de este colectivo en todos los ámbitos sociales, políticos y privados. Todo desde una perspectiva intergeneracional.
UGT, y así lo ha expresado su Secretaria Confederal, considera prioritario establecer una Estrategia Estatal contra la soledad no deseada, un sentimiento que se ha acentuado con la pandemia y las medidas contra el COVID-19. Recordamos al Senado que el 48% de las personas mayores de 80 años se sienten solas, lo que supone una amenaza para la salud física y psíquica.
Reclama políticas públicas para tratar el problema demográfico de envejecimiento
Carrió también ha declarado la preocupación del sindicato ante los casos de maltrato sufridos por este colectivo e insta a elaborar un estudio que informe de manera fidedigna sobre la magnitud de este problema. Este, reivindica, tiene que respaldarse con una estrategia estatal.
UGT da respuesta de este modo a la necesidad de aportar medidas para adaptarnos a esta nueva realidad que implica grandes retos en ámbitos como el social o el económico, así como profundos cambios en la estructura del mercado de trabajo y el sistema de protección social. Se trata de fenómenos como la reducción de la tasa de natalidad o el descenso de la población en edad de trabajar.