El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han mantenido hoy una reunión de trabajo, en Barcelona con las dos portavoces del Partido Popular en las Comisiones de Interior y de Sanidad del Congreso de los Diputados, Ana Vázquez y Carmen Riolobos, para trasladarles la urgente necesidad de aprobar un plan integral de medidas económicas y sociolaborales para los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña, que ambas organizaciones vienen defendiendo desde hace tiempo como una prioridad destinada a mitigar tanto la pérdida de poder adquisitivo que vienen padeciendo los agentes como la elevada presión social que soportan por parte de sectores independentistas.
En este sentido, tanto SUP como AUGC buscan una actualización de complementos retributivos que palíen el elevado coste de vida en la demarcación policial urbana y las dificultades de la prestación del servicio en entornos rurales con peor comunicación.
Estos incrementos salariales buscan actualizar las prestaciones económicas de unos catálogos de puestos de trabajo que no experimentan adaptaciones desde hace años y que no cumplen con el objetivo de ser una herramienta administrativa dinámica que integre cambios económicos derivados del incremento del precio de la vivienda y del resto de variables que contribuyen a que el coste de vida al que deben hacer frente los agentes sea cada vez mayor, sin que sus nóminas se adapten a esos cambios con la misma intensidad.
Las medidas propuestas por SUP y AUGC van más allá de lo económico y recogen reivindicaciones de mejoras en el ámbito sociolaboral, teniendo en cuenta el incremento objetivo de la presión sufrida por los miembros de las FCSE en Cataluña desde hace varios años por su papel en el auxilio de jueces y fiscales en cumplimiento de diferentes instrucciones que, por parte de un concreto sector de la sociedad, han desencadenado una campaña de señalamiento y acoso contra los profesionales de ambos Cuerpos, buscando con ello un empeoramiento de sus condiciones de vida y planteando la salida de PN y GC de Cataluña para su plena sustitución por los Mossos d’Esquadra, ya como Policía exclusiva y excluyente.
Medidas en el ámbito de Policía Nacional
El SUP ha recordado que ya desde 2015 viene planteando un catálogo integral de medidas para los más de 3.400 policías destinados en Cataluña que prestan servicio en su Jefatura Superior, sus cuatro Comisarías Provinciales, dieciocho Comisarías Locales, siete puestos fronterizos, seis unidades de documentación y dos centros de cooperación policial y aduanera. Así, y como primera medida, ha solicitado el incremento de la territorialidad que perciben mensualmente en sus nóminas los agentes ya que la actual cifra (unos 56 euros en Barcelona y algo más de 42 en el resto de plantillas) es claramente insuficiente en una Comunidad Autónoma en la que el IPC ha crecido estos años por encima de la media nacional (veinte puntos, en el caso de la provincia de Barcelona, desde que se aprobó el actual Catálogo de Puestos de Trabajo) y el coste medio mensual de la vivienda de alquiler en el periodo 2014-2018 aumentó un 29,43%.
Desde el SUP se proponen, además, mejoras en la baremación del expediente de los policías por su destino en las plantillas de Cataluña, estimulando así la estabilidad en esas provincias por las expectativas profesionales futuras que se generan.
Actuación que debe ir acompañada, por otra parte, con la habilitación de un subprograma de acción social que financie ayudas en alquiler y compra de viviendas, destinado a reducir el impacto de esos costes.
Finalmente, se propone la creación de un permiso especial para los funcionarios destinados en Cataluña, de forma que cuenten con unos días adicionales de descanso que compensen la mayor presión social que se registra por las campañas habituales de entidades independentistas contra el trabajo de las FCSE, que incluyen el señalamiento de los agentes y sus familias.
Medidas en el ámbito de la Guardia Civil
Por parte de AUGC, en primer lugar se ha mostrado a las diputadas del Partido Popular la preocupación por las medidas que se están adoptando por el actual Gobierno en cuanto a las políticas de personal en la Guardia Civil. Unas decisiones que afectan a los pluses por los nocturnos y festivos en la productividad que perciben los agentes y que no reconoce el servicio operativo del personal encuadrado en el régimen general.
De la misma manera, se están tramitando normas que afectan al derecho de representación, a la utilización del uniforme, al funcionamiento del Consejo, o la aplicación de un Código de Conducta que supone una involución en los escasos derechos de los guardias civiles.
En cuanto a la situación en Cataluña, los representantes de AUGC en sintonía con el
SUP, han trasladado el elevado coste social que tienen los funcionarios de policía al estar destinados en Cataluña. AUGC ha realizado un sondeo entre los guardias civiles, estimándose que cerca de un 30% de los agentes que prestan servicio en esta
Comunidad Autónoma tienen intención de irse destinados fuera de Cataluña por motivos
de presión social.
Esta especial circunstancia debe verse compensada mediante la creación de un complemento salarial de especial singularidad por prestar servicio en Cataluña, similar al
que está establecido en el País Vasco o Navarra; así como la concesión de mayor número de días de crédito de vacaciones y permisos, con la creación de un permiso especial para los destinados en Cataluña, que compense la mayor presión social que se registra por las campañas habituales de entidades independentistas contra el trabajo de las FCSE, que incluyen el señalamiento de los agentes y sus familias.
Por último, hemos solicitado al Partido Popular la tramitación de una ley que ponga fin al
copago farmacéutico para acabar con la desigualdad a la hora de acceder a medicamentos, cuestión soportada por los pensionistas de clases pasivas del Estado que pertenecen a ISFAS y MUFACE.
El copago farmacéutico es la tasa por la que jubilados, retirados, viudas y huérfanos de
guardias civiles y policías han de abonar un 30% más para acceder a los mismos
medicamentos. Por ello le pedimos al Grupo Parlamentario Popular, el apoyo a esta
iniciativa, con el fin de subsanar esta discriminación.
