Tras años de discriminaciones laborales con otras fuerzas policiales, llega ahora la discriminación sanitaria de los policías nacionales destinados en Galicia y que el Ministro Marlaska y la Dirección General de la Policía no quieren subsanar ni enmendar.
Así lo denuncia la Unión Federal de Policía de Pontevedra, poniendo al Gobierno de España, y en concreto al ministerio que dirige el Sr. Marlaska en el punto de mira de sus críticas y reivindicaciones.
Y es que a diferencia de guardias civiles, policías locales y policías nacionales destinados en la Unidad Policía Adscrita a la Xunta de Galicia (comúnmente conocidos como policía autonómica), a los policías nacionales destinados en las comisarías gallegas no se les ha efectuado ningún tipo de cribado ante el COVID19, como sí se le han efectuado al resto de los cuerpos policiales.
La Xunta de Galicia ha empezado a efectuar cribados masivos de COVID19 con test de antígenos en las farmacias gallegas, si bien, los agentes y sus familias al no pertenecer al circuito sanitario de la comunidad gallega, al no pertenecer al sistema nacional de salud, no pueden acceder a efectuar esas pruebas, lo que conlleva un grave perjuicio y discriminación que en un estado de bienestar es incomprensible.
Y es que los agentes se encuentran enmarcados sanitariamente dentro de MUFACE, la Mutua de Funcionarios del Estado, por lo que el Servicio Gallego de Salud no tiene acceso a sus datos, pero en cambio sí tiene los de un ciudadano que entra en España en situación irregular pero con la legislación actual tiene acceso al Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto acceso a unas pruebas que pueden ayudar a protegerse a ellos y sus familias.
Ante la postura inamovible, incompresible y discriminatoria del Gobierno de España, la Unión Federal de Policía de Pontevedra ha registrado un escrito este lunes al presidente de la Xunta, Sr. Feijoo, en el que solicitan al Gobierno gallego que articule una fórmula para que los agentes y sus familias puedan acudir a las farmacias a efectuarse los test, y es que a diferencia del Sr. Marlaska, el Gobierno del Sr. Feijoo ha considerado en todo momento a los agentes colectivo de alto riesgo, entendiendo la labor profesional que desempeñan, cosa que parece no entender “su jefe” a estas alturas.
Y es que los policías a día de hoy, y pese a incrementarse el gasto en I+D, no hacen su trabajo con un mando a distancia, y para identificar, detener, cachear, sancionar y actuar, tienen que estar en contacto directo con la sociedad y con aquellos que intentan socavar las normas y leyes que rigen la convivencia en un estado democrático y de derecho, y la población a día de hoy no porta el resultado de una PCR debajo de un brazo que les indique la peligrosidad de un contacto COVID.
De ahí, que la UFP, haya recurrido al amparo del Presidente de la Xunta de Galicia, y pongan en sus manos el fin de la discriminación sanitaria frete al COVID de los agentes de la Policía Nacional.
Carlos Rodríguez Losada, Secretario Provincial de la Unión Federal de Policía de Pontevedra transmite con unas duras palabras el sentir del colectivo policial, “a nivel sanitario somos ciudadanos de tercera en la lucha contra el COVID19, se olvidan que somos seres humanos con familias a nuestras espaldas, basta ya de discriminaciones por parte de la administración, deben facilitar a los policías nacionales los medios necesarios que garanticen su seguridad”.
