El hombre ha sido detenido esta mañana por la Guardia Civil en la localidad de Borja, Zaragoza. La jueza del juzgado de Tarazona, según anuncia un comunicado del Poder Judicial, ha dictado un auto autorizando a la Guardia Civil a entrar en un domicilio de la localidad de Borja (Zaragoza) para proceder a la detención de un hombre, de nacionalidad española, sobre el que existían un total de diecisiete requisitorias, tres de ellas de ingreso en prisión y las otras para la práctica de distintas diligencias judiciales.
El hombre, huido de la justicia y detenido esta mañana por la Guardia Civil en la localidad de Borja, acumula tres condenas de prisión por delitos de extorsión, receptación y estafa, por hechos cometidos entre los años 2015 y 2018 y había sido condenado por tres juzgados penales de Zaragoza capital. Esta misma mañana se ha producido su ingreso en la cárcel de Zuera.
En otro comunicado informan de la condena de dos años de prisión y multa de 342.000 euros por no abonar las cuotas de la Seguridad Social en cuatro años
Era administrador único de dos clubes y tenía dados de alta a varios trabajadores, pero no pagaba sus cuotas sociales
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre a dos años de prisión y al pago de una multa de 341.914 euros por no abonar durante cuatro años las cuotas sociales de los trabajadores de la mercantil que regentaba.
Según el relato de hechos, entre 2013 y 2017 el ahora condenado era el administrador único de una mercantil que explotaba dos clubes abiertos al público y con actividad de negocio en Cantabria y en los que estaban “contratados y dados de alta en la Seguridad Social numerosos trabajadores”.
El acusado, que era “la persona encargada de la gestión efectiva” de la sociedad, “incumplió de forma consciente y voluntaria sus obligaciones en materia de cotización social, no abonando cantidad alguna en concepto de cuotas a la Seguridad Social relativas a los trabajadores que tuvo de alta en la empresa”.
Así, dejó de abonar una cantidad de 170.957 euros, cantidad que asciende a 226.772 euros con los intereses de demora y recargos correspondientes.
La sociedad “llevaba incumpliendo de forma absoluta su obligación de abonar las cotizaciones sociales” y “nunca solicitó un aplazamiento del pago de las cuotas debidas, ni interesó la regularización de su deuda”.
Además, “tampoco cumplió con su obligación de depositar las cuentas de la sociedad en el registro mercantil desde el año 2011, y tampoco presentó el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017”, añade la sentencia.
Finalmente, “el crédito generado con motivo de la actuación del acusado fue declarado por la Seguridad Social como incobrable”, ya que la empresa, que cesó su actividad a mediados de 2017, carecía de bienes.
