Hoy se cumplen 10 años del Acuerdo de Pensiones de 2011, el último acuerdo que contó con el consenso social. Un acuerdo que sigue vigente y sobre el que hay que sentar las bases de un nuevo pacto social para reforzar el Sistema Público de Pensiones y garantizar unas pensiones dignas, en el que se respete el poder adquisitivo de nuestros mayores.
Esto implica la derogación de facto de la reforma de pensiones de 2013 impuesta por el Gobierno del Partido Popular, que además de romper todos los consensos, supone el empobrecimiento continuo de los pensionistas presentes y futuros, al introducir recortes sin precedentes en el poder adquisitivo, en base al llamado índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad.
Precisamente la derogación inmediata de la reforma de pensiones de 2013 es una de las razones de peso que han llevado a los sindicatos a movilizarse el día 11 de febrero. No se puede avanzar en la negociación hasta que no se derogue esta reforma anticonstitucional.
El Acuerdo de 2011 no fue un acuerdo fácil de asumir por parte de los sindicatos. Se alcanzó en un escenario donde las políticas de austeridad imperaban de la mano de gobiernos neoliberales en Europa y en España. Había que elegir entre Acuerdo o la imposición de recortes más duros. De hecho, apenas dos años después de este acuerdo el Gobierno del PP decidió imponer la reforma de pensiones de 2013, burlando el Pacto de Toledo, conformado por todos los partidos políticos, además, el consenso social.
Una reforma muy dañina que hay que derogar
La reforma de 2013 desvincula que los pensionistas ganen poder adquisitivo conforme al coste de la vida (el IPC) y sustituye esta referencia en base a dos elementos: el llamado índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad. Ambos suponen una merma continua de las pensiones presentes y, sobre todo, futuras. El Factor de Sostenibilidad castiga a los pensionistas. Según vayan cumpliendo más años sus pensiones, irán mermando, se recortarán más. Algo especialmente, grave en el caso de las pensiones más bajas, que en su mayor parte corresponden a mujeres. Hay que recordar que en nuestro país casi la mitad de las pensiones están cerca del umbral de la pobreza. Esta reforma es un misil al derecho constitucional a unas pensiones dignas y al Sistema Público de Pensiones en beneficio de los planes privados de pensiones.
Con esta reforma los jubilados/as han perdido un 10% de poder adquisitivo en 5 años. Si no se deroga la relación media entre pensión y último salario caerá desde el 80% a menos del 50% y 15 millones de pensionistas recibirán la misma proporción de la renta nacional que los 9 millones actuales.
Hay que derogar ya esta reforma de pensiones, porque es una amenaza permanente a las condiciones de vida de todos los pensionistas.
Avanzar en una mejora de las pensiones a partir del Acuerdo de 2011
UGT defiende primero que el Gobierno siga las recomendaciones del Pacto de Toledo, que establecen entre otros elementos volver a recuperar el IPC como referencia para la revalorización automática de las pensiones y segundo, avanzar en las negociaciones con los agentes sociales en base al Acuerdo de 2011, que todavía se está desarrollando y que hay que analizar para ver cuál ha sido su incidencia.
UGT, en ningún caso, va a aceptar “reformas” que supongan nuevos “recortes” del sistema público de pensiones. En este sentido, rechaza una posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años o posibles castigos a las pensiones de los que se ven expulsados del mercado de trabajo contra su voluntad. En definitiva, rechazará cualquier medida que suponga una merma en las condiciones de vida de los pensionistas.
El sindicato ya ha reiterado que nuestro Sistema no tiene un problema de gastos (España no llega al 10% del PIB en gasto en pensiones, cuando Alemania gasta casi el 13%, Francia el 14% e Italia pasa del 15%), sino de ingresos y que es necesario sanear el Sistema de Seguridad Social, para que no pague cosas que no le corresponden y buscar nuevas fuentes de financiación, vía Presupuestos Generales del Estado.
Recaudar más implica establecer un sistema fiscal más justo y progresivo, pero también cambiar radicalmente nuestro mercado de trabajo, que se basa en empleos temporales, precarios y con bajos salarios, lo que supone menos y peores cotizaciones a la Seguridad Social. De ahí que las otras dos razones de peso por las que los sindicatos se movilizarán el 11 de febrero sea porque se retomen de manera inmediata la negociación aplazada por la pandemia para derogar las reformas laborales y para presionar al Gobierno y que cumpla con su compromiso de subir el SMI para que alcance el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura. UGT considera que debe llegar a los 1.000 euros al mes este año, para facilitar el cumplimiento de este compromiso.
