· UGT, junto al movimiento sindical europeo, reclama que esta ley no tarde tres años más en ponerse en marcha.
· Recuerda que las empresas tienen la obligación de adaptar, en el día de hoy, los contratos de las personas que tuvieran un acuerdo individual, fuera de convenio, sobre teletrabajo a la nueva ley.
· El sindicato denuncia el aumento de las jornadas y las horas extras sin compensar de las personas teletrabajadoras y, por ello, llevará a los convenios sanciones por incumplir el derecho a la desconexión.
El Parlamento Europeo reconoció esta semana el derecho a la desconexión como un derecho fundamental y reclamó a la Comisión Europea la necesidad de implementar este derecho por ley en toda la zona comunitaria.
En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT es fundadora, exige que la Comisión Europea presente una legislación para que las personas trabajadoras puedan hacer valer su derecho a desconectarse del trabajo fuera del horario laboral, ya que, con motivo de la crisis del coronavirus, muchas de ellas se han visto obligadas a tener que emplearse así.
Las organizaciones sindicales europeas exigen a la Comisión Europea que esta ley no se posponga otros tres años, pese a que el Parlamento votó a favor de una enmienda pidiendo a la Comisión que retrase cualquier legislación sobre el derecho a desconectarse durante tres años, lo que significa que los trabajadores no verían el derecho a la desconexión legalmente exigible promulgado durante casi una década. La razón aparente de tal retraso es el “acuerdo de interlocutores sociales autónomos” sobre digitalización firmado el año pasado. Sin embargo, el acuerdo autónomo no incluye el derecho a la desconexión. Dado que, claramente, el Parlamento no tiene mandato para interpretar los acuerdos de los interlocutores sociales, la CES ha pedido a la Comisión Europea que ignore la solicitud de retrasar la legislación de la UE sobre el derecho a la desconexión. Además, el Secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, envió una carta a los europarlamentarios antes de la votación para reclamarles que votasen en contra de esta enmienda, que recorta claramente un derecho fundamental de las personas trabajadoras de toda Europa.
Las empresas tienen que adaptar los contratos a la nueva legislación sobre teletrabajo
La nueva ley de teletrabajo, impulsada en nuestro país gracias al acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, ha regulado las condiciones laborales de las personas que trabajan a distancia, y reflejando los derechos de desconexión y estableciendo una norma que hay que desarrollar a través de la negociación.
En este sentido, UGT recuerda que en el día de hoy las empresas, con los plazos que marca la nueva normativa, están obligadas a modificar los contratos de sus trabajadores y actualizarlos a la nueva ley que regula el teletrabajo, al haberse cumplido tres meses y diez días desde su entrada en vigor. Se trata de la regulación para los acuerdos individuales no sujetos a convenio que se produjeron antes de la pandemia, es decir, para quienes teletrabajaran antes de la crisis del Covid y para los que quieran seguir haciéndolo cuando finalice la emergencia sanitaria.
Esta norma se tiene que convertir en un derecho para todos los trabajadores y trabajadoras, también los de la Unión Europea, y el Gobierno, a través de la Inspección de Trabajo, debe activar todos los mecanismos para que las empresas cumplan la ley. De esta forma, la propia CES denuncia que las personas que teletrabajan tienen dos veces más probabilidades de emplearse 48 horas o más a la semana que los que trabajan de manera presencial en la sede de su empresa; tienen seis veces más probabilidades de estar trabajando durante su tiempo libre; y se trata del grupo de trabajadores con más probabilidades de despertarse repetidamente durante el sueño.
Los datos no mienten. Según las últimas informaciones, el 54% de los españoles asegura que el Covid y la estandarización del teletrabajo ha implicado que se le destinen más horas a la jornada laboral que antes de la pandemia. Además, crece el porcentaje de horas extras que se ejecutan sin percibir compensación, ya que, mientras que en 2019 el 56% de los encuestados manifestaba que realizaba horas de más sin remunerar, este porcentaje crece hasta el 60% en 2020.
Llevar a los convenios sanciones por incumplir el derecho a la desconexión
El teletrabajo no se puede convertir en una puerta abierta a la desregulación. Por ello, la Unión General de Trabajadores llevará a las mesas de negociación de los convenios colectivos una serie de prioridades en relación con la regulación del teletrabajo, entre las cuales se incluyen propuestas de sanción para los incumplimientos del derecho a la desconexión digital de los trabajadores y trabajadoras.
De esta forma, el sindicato incluirá en los convenios prohibiciones expresas de, por ejemplo, llamadas, envíos de correos o de mensajes durante el tiempo de descanso, que deberán llevar aparejadas sanciones para los casos de incumplimiento. En función de las circunstancias de cada ámbito, se podrían habilitar mecanismos previos de concienciación y sensibilización con acciones formativas.
Otros objetivos fundamentales de UGT en relación con el tiempo de trabajo serán limitar al máximo la posibilidad de fraccionar la jornada diaria con trabajo presencial y teletrabajo; establecer mínimos de jornada presencial para evitar el aislamiento de la persona teletrabajadora; y adaptar los mecanismos de registro de jornada con métodos preferentemente telemáticos o digitales, objetivos, fiables, no manipulables y accesibles para el teletrabajador y sus representantes, garantizando que el registro respeta el derecho del teletrabajador a la intimidad y a la desconexión.
Desde el sindicato venimos denunciando que la conectividad no debe ser, en ningún caso, sinónimo de “disponibilidad permanente” hacia las necesidades de la empresa. La conectividad constante (atender el teléfono o la mensajería, revisar el correo electrónico o acceder a redes sociales de la empresa, etc.) dificulta la desconexión mental y la propia recuperación física y psíquica de las personas trabajadoras.
Para UGT, esta disponibilidad permanente conlleva riesgos psicosociales e incrementa los niveles de estrés. Ya se está hablando de nuevas patologías como el tecnoestrés laboral o la “nomofobia” u otras adicciones derivadas del uso continuado y no racionalizado de las nuevas tecnologías.
