El pasado 9 de enero, las comunidades autónomas han comenzado el plan de vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, mientras los trabajadores de la sanidad pública van consiguiendo la tan ansiada inmunización frente al coronavirus, sus colegas de la privada desconocen cuanto les llegará su turno.
La estrategia de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad ha relegado a un segundo plano a los profesionales de la sanidad privada derivando en una situación caótica. En esta primera etapa se contempla administrar la dosis al “personal sanitario de primera línea” pero el Gobierno no deja claro la situación de los sanitarios de la privada frente a la pública derivando en una grave situación de desigualdad.
Es precisamente el sector privado el que presta asistencia a miles de agentes pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de MUFACE o ISFAS e incontables funcionarios que pertenecen a MUGEJU. Y no solo ellos directamente, sino también a sus familiares y personal civil que asiste a las mismas clínicas para ser asistidos. Ello genera una situación discriminatoria para millones para profesionales sanitarios que eleva el grado de exposición a contagio para ellos mismos y sus pacientes frente a los que asisten a centros públicos.
Tan solo en MUFACE se adscriben más de un millón y medios de beneficiarios y mutualistas sin contar los que haya en MUGEJU e ISFAS. Se trata de un “derecho adquirido después de años de discriminación que sufrían los funcionarios, que carecían de Seguridad Social, tenían que costear un seguro a través de las compañías privadas y pagaban el 100 por 100 de las medicinas”, algo que ocurría en 1975 y que recalca Carmen Espejo en declaraciones para redacción médica.
La pediatra y escritora, Lucía Galán Beltránd, que acumula miles de seguidores en sus redes sociales, ha difundido un vídeo denunciando públicamente esta situación y analizando en concreto la actualidad que vive el sector en la Comunidad Valenciana. “Se nos niega la vacuna, nos sentimos abandonados, no entendemos el porqué de este trato cuando nosotros al igual que el resto de nuestros compañeros no hemos dejado de trabajar ni un solo día desde que empezó este horror”, manifiesta Lucía en su post.
Como recalca Lucía, profesionales de la sanidad privada son los responsables de proteger a “miles de funcionarios de este país que no tienen Seguridad Social” y son ellos sus médicos de cabecera, sus pediatras y sus hospitales de referencia.
Hablo de cientos de maestros que yo mismo atiendo en consulta, de bomberos, policías, militares y demás fuerzas de seguridad del Estado”, recalca la pediatra y escritora.
Y es que los mismos pacientes que acuden a consultas como las de Lucía Galán, son los mismos que luchan a diario en la primera línea contra el Covid-19. Muchos de ellos son los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tratan de velar por el cumplimiento de la normativa vigente para contener la pandemia y que se enfrentan a situaciones límite como cuando llega la hora de sancionar a un “sin mascarilla” o un “negacionista” y se desarrollan intervenciones donde muchas de ellas acaban en una posterior detención por resistencia, desobediencia o atentado a agente de la autoridad sin que sea posible conservar ninguna distancia de seguridad posible.
También se trata de los sanitarios que protegen a aquellos militares que han acudido a evacuar a miles de ancianos afectados por Covid-19 de residencias de la tercera edad donde el virus se extendía con extrema agresividad y que han contribuido a trasladarlos hasta centros hospitalarios.
Mejor ni analizar en profundidad el trabajo de estos profesionales cuando cargaron y cargan con miles de muertos a sus espaldas por contagio de coronavirus. Ya no solo acudiendo a los domicilios donde se halló al finado sino también realizando labores de custodia en instalaciones públicas convertidas en morgues con unas limitadas herramientas en prevención de riesgos laborales.
Y por extensión sus familias… hijos, cónyuges que también son beneficiarios y mutualistas de dichas organizaciones y que no tienen más cobertura sanitaria que la del sector privado. Profesionales que al igual que ellos son abandonados en un protocolo que debería servir como referencia para que las administraciones autonómicas ejecutasen con eficacia y eficiencia un plan de prevención.
Como signo esperanzador, algunas regiones como Madrid han llegado a vacunar a profesionales del sector privado en igualdad de condiciones que sus homólogos de la pública. Ejemplo de ello son los trabajadores de HM Hospitales que ya tiene a todas sus plantillas vacunadas.
