UGT considera que hay que controlar la pandemia para garantizar la actividad y el empleo y exige a las Administraciones los recursos necesarios para acelerar el proceso de vacunación.
Considera fundamental seguir manteniendo el escudo social a empresas y hogares y prorrogar el acuerdo de ERTES, que finaliza este mes, haciendo hincapié en la necesidad de evitar los despidos una vez se supere la crisis sanitaria.
Exige el aumento del SMI, pues su congelación es injusta y contraproducente, y consensuar cuanto antes un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que ha finalizado el 31 de diciembre. Ambas cuestiones son esenciales para generar confianza y relanzar la economía y el empleo.
El sindicato considera fundamental que este año se inicie la demolición de las reformas laborales, en especial la de 2012, que ha precarizado el trabajo y ha devaluado los salarios. Asimismo, reclama reforzar las políticas activas de empleo y los Servicios Públicos de Empleo, como instrumentos esenciales para mejorar la inserción en el empleo de las personas trabajadoras.
En el mes de diciembre el paro registrado aumentó en 36.825 personas, y los ocupados afiliados a la Seguridad Social crecieron en 26.431 personas en términos medios (7.350 en términos desestacionalizados). En el caso del paro se trata del primer aumento en un mes de diciembre desde 2011 (+1.897), y el más elevado desde 2009 (+54.657), por lo que no constituye un buen dato. Por lo que se refiere a los afiliados, se trata de una cifra moderadamente positiva, puesto que está alejado de los continuos descensos experimentados en el período 2007-2012 en este mes, aunque sea el incremento más reducido en el reciente etapa iniciada en 2013.
El conjunto del año se cierra con 724.532 parados registrados más (+22,9%), el primer descenso desde 2012 y el mayor repunte anual tras 2008 y 2009, y con 360.105 afiliados menos (-1,86%), también la primera caída desde 2013, pero muy inferior a la registrada en 2008, 2009 y 2012. (superior a 700 y hasta 800 mil afiliados de caída en 2008).
Ha sido 2020, por tanto, un mal año para el empleo, marcado de manera determinante por el impacto de la pandemia COVID-19, pero del que cabe destacar al menos una experiencia positiva: la efectividad de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna en las empresas para paliar las pérdidas de empleo. Sin la utilización masiva de este instrumento las cifras habrían sido mucho más negativas, convirtiéndose 2020 seguramente en el peor año de ambas series estadísticas (paro y afiliación). Hay que recordar una vez más que los datos de paro no incluyen a las personas afectadas por suspensión de empleo o reducción horaria por ERTE, puesto que mantienen su empleo.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de diciembre había 755.613 personas afectadas por ERTE, 95.607 personas menos que al terminar noviembre. Esto supone también 2,86 millones de personas menos que a finales de abril, cuando su utilización fue más intensa.
Por lo que se refiere a la contratación, en diciembre se han registrado un total de 1.355.147 contratos, lo que supone un descenso del 22,1% respecto del mismo mes del año anterior. El descenso ha sido algo superior en los contratos temporales (-22,3%) que en los indefinidos (-19,6%). Estas cifras muestran el efecto contractivo de las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia, y que lógicamente han reducido drásticamente el número de contratos realizado. Con todo, el 8,2% de los contratos ha sido temporal, una cifra bajísima. En el conjunto de 2020, la caída de contratación total ha sido del 29,2% respecto de la registrada en 2019, y el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total ha sido tan solo del 9,7%.
Del cómputo total de contratos que se han llevado a cabo en diciembre, casi el 30% (29,6%) fueron a tiempo parcial. En conjunto, solo 5,2 de cada 100 fueron contratos indefinidos a jornada completa, lo que pone de relieve una vez más la disparatada inestabilidad laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
Por último, cabe destacar que el número de beneficiarios de prestaciones en el mes de noviembre ascendió a 2.381.723, lo que supone un aumento anual del 21,3%, derivado de la inclusión de nuevas prestaciones por desempleo y del elevado número de personas que todavía se mantienen en ERTE.
Valoración
Los datos de paro registrado y afiliación conocidos hoy confirman, una vez más, la absoluta dependencia de la evolución de la actividad y el empleo de la experimentada por la pandemia COVID-19. Ignorar esta circunstancia sería un grave error. Por eso, más allá del análisis puntual de las cifras pasadas, desde UGT queremos poner el foco sobre lo que hay que hacer para recuperar cuanto antes y de manera segura el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. El camino es solo uno, y pasa por garantizar la salud de la población y acelerar el proceso de vacunación que acaba de iniciarse, para recuperar la normalidad (la de siempre) en los próximos meses.
Para ello, lo primero es adoptar las medidas que sean precisas para minimizar la propagación del virus y reducir el número de contagios, puesto que es la única estrategia que se ha demostrado eficaz. Estamos inmersos ya en la tercera ola de la pandemia, alimentada por la relajación de las medidas precautorias durante el período navideño o de su cumplimiento, y no podemos dejar que aumente su incidencia. Es responsabilidad de todas y todos, pero son los poderes públicos los que deben adoptar las medidas precisas para salvaguardar un comportamiento social seguro y solidario.
Mientras tanto, es vital desarrollar el llamado escudo social para proteger las rentas y los empleos en empresas y hogares. No es el momento de escatimar recursos, sino de invertir cuanto sea preciso en preservar los negocios, los puestos de trabajo y las prestaciones de las personas sin empleo.
Un primer paso para ello ha sido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado PGE para 2021, que poseen un marcado carácter social y expansivo que desde UGT hemos valorado muy positivamente, aunque en algunos aspectos poseen lagunas y debilidades que cabe mejorar.
Pero también es imprescindible mantener las medidas de fomento de los ERTE todo el tiempo que sea preciso, puesto que se han demostrado un instrumento muy valioso para minimizar el daño de la pandemia sobre la economía y el empleo, constituyendo el mayor elemento diferencial positivo respecto de pasadas crisis, de nefasto recuerdo. El actual acuerdo en este sentido termina el 31 de enero, y UGT apoyará sin duda su prórroga en la mesa de diálogo social sobre esta cuestión, por convencimiento y por responsabilidad.
Confiamos en que las organizaciones empresariales aporten también una actitud constructiva en esta negociación que, a juicio de UGT, debe implicar una perspectiva global. No se trata solo de ayudar a las empresas a soportar la caída de la demanda, sino de garantizar la permanencia del empleo una vez superada la crisis (evitar despidos) y de asegurar salarios dignos para las trabajadoras y trabajadores, y en especial para los más desfavorecidos. Todo ello es igualmente necesario para preservar la demanda de bienes y servicios y, con ello, la viabilidad de los negocios y los empleos.
Por eso desde UGT solicitamos que el Gobierno aumente de inmediato el salario mínimo interprofesional (SMI) y revierta congelación que ha decidido, que es injusta y contraproducente. Igualmente, UGT considera que sería muy bueno consensuar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que sustituya al que ha finalizado el 31 de diciembre (IV AENC), para asegurar un marco económico y laboral adecuado en las empresas, que minimice los conflictos y apoye la recuperación de la actividad.
En coherencia con el apoyo a las medidas de apoyo a los ERTE, consideramos que las organizaciones empresariales deberían apoyar también estas dos actuaciones, puesto que caminan en el mismo sentido, abandonando el bloqueo que actualmente están ejerciendo sobre las mismas.
Por último, desde UGT queremos recordar que el impacto de la pandemia no puede ocultar los desequilibrios esenciales de nuestro mercado laboral, que deben abordarse de inmediato. Y el principal es la elevada precariedad laboral existente, que hace que muchos empleos sean frágiles, volátiles y poco productivos.
En este sentido, es urgente acometer la derogación de la reforma laboral de 2012, como paso previo para construir un nuevo marco laboral más equilibrado y eficiente, que permita que la próxima reactivación se realice sobre la base de la creación de empleo de calidad, estable, seguro, más productivo y mejor retribuido. Igualmente, es necesario redefinir y reforzar las políticas activas de empleo y los Servicios Públicos de Empleo, como instrumentos esenciales para mejorar la inserción en el empleo de las personas trabajadoras, impulsados por la mayor dotación de recursos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.
