· No se puede prolongar más. Las personas necesitan una respuesta inmediata para salir de la crisis.
· España no puede ser la excepción de la Unión Europea. Alemania lo sube un 2,7%; Portugal un 4,6% y Francia un 1%.
· No hay ninguna justificación para no aumentarlo. Con mejores sueldos se refuerza la demanda, el crecimiento y el empleo estable.
UGT y CCOO reclaman al Gobierno la subida del SMI para 2021. Para ambas organizaciones, es irrenunciable que el Salario Mínimo Interprofesional se sitúe a lo largo de esta legislatura en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea y el compromiso alcanzado en España con los agentes sociales. El año 2021 no puede ser una excepción, un paréntesis que nos aleje de este objetivo, sino que debemos seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos.
Ambas organizaciones valoran que el Gobierno prorrogue la cuantía del SMI actual hasta que se negocie un nuevo acuerdo de forma inmediata, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y dar continuidad a su función de servir de suelo o garantía salarial mínima para las personas trabajadoras, pero exigen que se agilice el diálogo social para llegar a un acuerdo lo antes posible que, como señala el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores, tenga en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
CCOO y UGT recuerdan que el Gobierno, durante la reunión del pasado 15 de diciembre, prometió a los agentes sociales que el SMI no se congelaría, por lo que no tiene otra alternativa más que aumentarlo de manera inmediata. No se puede condenar a que los salarios mínimos en nuestro país no vuelvan a subir.
Para este año próximo, los países de la Unión Europea que tienen establecidos salarios mínimos han aprobado su incremento. Por ejemplo, Alemania lo sube un 2,7%; Portugal, un 4,6% y Francia un 1%. Es evidente que el aumento del SMI es absolutamente necesario porque afecta a los trabajadores que están en peores condiciones, más aún con la crisis pandémica que padece Europa. España no puede ser la excepción.
No hay ninguna justificación para no aumentarlo
Para CCOO y UGT, el Salario Mínimo Interprofesional es un instrumento fundamental para avanzar en la cohesión social, territorial y sectorial. Nuestro país tiene un gravísimo problema de desigualdad y de pobreza laboral que exige el avance progresivo del salario mínimo como herramienta predistributiva que permite avanzar en una mayor cohesión e igualdad de la sociedad.
No tiene ninguna justificación que el año que viene se incrementen las pensiones –con más intensidad las mínimas–-, el salario de los trabajadores públicos y los salarios pactados en convenio, mientras que el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable al margen de la negociación colectiva, –aproximadamente dos millones de trabajadores se verían beneficiados de la subida del SMI– se quede atrás, y vuelvan a ser estos trabajadores los que carguen con la crisis socioeconómica.
Tampoco tiene justificación los argumentos económicos liberales en contra, ya que el tiempo ha desmontado todas las teorías que afirmaban que la subida del SMI iba a ser catastrófica para nuestra economía. De hecho, estos mejores sueldos han reforzado la demanda, el crecimiento y han generado un empleo estable, aunque aún quede mucho trabajo por hacer. Por tanto, el sindicato reclama que no continúen pagando la crisis quienes menos tienen. Es inaceptable. El SMI es un instrumento inapreciable de solidaridad y de distribución de riqueza.
Muchas personas trabajadoras, hombres y mujeres, de los considerados sectores esenciales durante esta pandemia verán congelados sus salarios si no se sube el SMI. Se les ha hecho numerosos reconocimientos y homenajes por su trabajo durante la crisis, pero el mejor, sin duda, sería aumentar sus salarios.
Por ello, ambos sindicatos exigen el aumento del SMI en el año 2021, acompañado de un plan de aumento y consolidación para los próximos años que lo haga equivalente a, al menos, un 60% del salario medio del país. Con el precio actual de la vida, está claro que es necesario seguir avanzando en esta línea para que todas las personas trabajadoras puedan cubrir los gastos que supone el vivir de forma independiente, acceder a una vivienda o construir un proyecto familiar.
