La reforma de pensiones pactada por sindicatos y empresarios en 2011 incluía una garantía jurídica, conocida como “cláusula de salvaguarda”, que garantizaba el mantenimiento de las condiciones de jubilación previas a la reforma para quienes habían sido despedidos antes de su entrada en vigor, cuando no volvían a encontrar trabajo. De esta forma se garantizaba, para quien lo precisara, no en todos los casos, que ninguna persona viera disminuida su expectativa de pensión cuando ya no tenía posibilidad alguna de reacción, después de su despido.
Aunque el grueso de personas afectadas ya se ha jubilado y el colectivo afectado es decreciente año a año, todavía son miles de trabajadores y trabajadoras los que fueron despedidos antes de 2013, en mitad de la crisis económica y financiera que ha asolado nuestro país en la última década, que deberían tener cobertura de esta cláusula de salvaguarda para acceder a la jubilación.
Insistente reivindicación de los sindicatos
Desde que el nuevo gobierno tomó posesión, UGT y CCOO han venido insistiendo al Ministerio de Seguridad Social respecto de la necesidad de reponer la situación que fue objeto de Acuerdo en el Diálogo Social en 2011, corrigiendo las limitaciones temporales que sobre dicha cláusula impuso el gobierno del Partido Popular en 2013 y que ha sido objeto de prórrogas por dos veces en los últimos dos años, y cuyos efectos caducan el próximo 31 de diciembre.
En la Mesa de Diálogo Social las organizaciones sindicales vienen reclamando la reposición de la cláusula de salvaguarda en los términos en los que fue pactada, sin límite temporal, teniendo en cuenta que se trata de dar seguridad jurídica a un colectivo de personas, acotado y decreciente.
Si bien la acogida del Ministerio ha sido, muy recientemente, favorable a la reivindicación de CCOO y UGT, hasta el momento no se ha instrumentado ninguna solución jurídica para garantizar la extensión de la cláusula a partir del 1 de enero de 2021. Por ello ambas organizaciones queremos insistir en la necesidad de que se apruebe antes de finalizar el año la correspondiente modificación normativa a través de las distintas fórmulas que hemos venido proponiendo.
Ya es tarde y debe garantizarse que no se producen vacíos de cobertura en esta materia, con un anuncio público e inequívoco, por parte del Gobierno, acompañado de la iniciativa legislativa necesaria para resolver esta situación en el menor plazo posible.
Todo ello, de modo que se garantice así la más elemental seguridad jurídica de las personas trabajadoras que aún precisan de esta figura, insistimos una parte relevante pero no todas, para poder acceder a la jubilación con las reglas en vigor en el momento en el que fueron despedidas, en la mayoría de los casos, sin posibilidad de retorno al mercado laboral.
