El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para solicitar amparo y acceder a los datos sobre los vuelos en los que cientos de migrantes llegados a Canarias en patera en los últimos meses y que están llegando a ciudades de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia sin que conozcamos ni su estado de salud ni las garantías jurídicas para permitir, en pleno estado de alarma, este movimiento en bloque de migrantes en situación irregular en nuestro país.
En este sentido, reclamamos conocer cuál es el número total de migrantes irregulares desplazados desde Canarias a la Península, en cuántos vuelos han llegado, cuál es la distribución en cada uno de ellos, sus nacionalidades, si en la organización de los mismos ha intervenido cualquier Administración, cuál es la autoridad gubernativa que ha autorizado la salida de esos ciudadanos en situación irregular y cómo se ha acreditado que las pruebas médicas de diagnóstico del Covid-19 se han aplicado debidamente para garantizar la seguridad sanitaria de estos vuelos, del resto de ciudadanos y de los propios policías que han podido interactuar con los migrantes.
También demandan conocer qué tipo de autorización de desplazamiento se ha otorgado teniendo en cuenta que España se encuentra afectada por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma y por la necesidad de observar determinadas medidas sanitarias que impidan el contagio del Covid-19, todas ellas recogidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. Esta situación puede generar riesgos sanitarios para la ciudadanía, al desconocerse las garantías médicas con la que se han producido esos desplazamientos.
En el escrito tramitado para demandar los datos oficiales se recuerda que existe preocupación por los efectos irreparables, como consecuencia del efecto llamada, que puedan estar generándose en la lucha contra las mafias ilegales de tráfico de seres humanos. También se consigna que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, se podrá garantizar que una sociedad es crítica y exigente y juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos. Esa norma, aplicable a la Administración General del Estado (artículo 2.1.a), consagra el derecho de todas las personas a acceder a la información pública.
