A menudo tras las aparentes buenas intenciones se camuflan el interés particular, la agenda política y una industria. Al sector de la solidaridad lo llaman el cuarto sector porque el hecho de ser solidario no lo disocia de ser un sector económico, así lo entienden quienes han optado por lucrarse gracias a los fondos europeos en simbiosis con el crimen organizado y la pobreza ajena. El problema es inducido por el un mercado que no permite una solución efectiva.
El 10 de diciembre de 2018, el Gobierno de España se sumó a la agenda de Naciones Unidas por las migraciones en Marrakech y el Presidente Sánchez anunció que tenía un plan. Se trataba de una declaración de principios sin contenido pragmático, que dejaba clara la voluntad del Gobierno de abordar los flujos migratorios de manera conjunta, ordenada y segura (El País 2018). Ya por entonces el Gobierno de Sánchez consideraba según la misma fuente que España es uno de los países mejor preparados para afrontar este fenómeno gracias a la historia de España como país de llegada, tránsito, de retorno y de origen de migrantes.
El Pacto Mundial sobre las Migraciones a que nos referimos en realidad se denomina Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y contiene 23 objetivos, de los cuales hemos seleccionado un decálogo (el resto están disponibles en el enlace):
- Recopilar y utilizar datos para formular políticas con base empírica.
- Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad y documentación.
- Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular.
- Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los desaparecidos.
- Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración.
- Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.
- Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación.
- Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas.
- Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible.
- Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular.
El propio enunciado del pacto y algunos de los anteriores principios dos años después con 16.760 inmigrantes llegados a Canarias entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020 son muy mejorables pero es evidente que a los policías que tienen que darle trámite no les preguntó nadie. Por ejemplo cuando se habla de la base empírica de la política migratoria (pto. 1), mientras se pretende vender una ideología de la migración irregular como algo positivo en igualdad de condiciones que la migración regular; cuando se menciona la idea de prevenir y erradicar la trata y el tráfico de personas (pto. 10), mientras que se incentiva la inmigración irregular y no se reconoce el efecto llamada; o utilizar la detención de inmigrantes como último recurso (pto 13) cuando tal medida se ha acabado por el Covid19 y no por la agenda global.
A nivel global se puso en evidencia una brecha entre gobiernos realpolitik y liberales, (soberanistas y globalistas) que hasta la fecha se ha seguido incrementando, mientras que Trump se desmarcaba por la falta de alternativas realistas, Macron lo apoyaba por la abundancia de buenas intenciones.
La semana pasada los gobiernos de España, Italia, Malta y Grecia rechazaron de manera conjunta el nuevo pacto migratorio propuesto por la Comisión Europea, por considerarlo perjudicial para los intereses de los estados del sur ya que, según los anteriores consideran que las medidas propuestas por la Comisión crearían lo que se conoce en el argot como hotspots (puntos calientes), que en realidad son zonas de concentración de inmigrantes como las Islas Griegas del mar Egeo. La solución a juicio de los gobiernos del sur es insolidaria (o asimétrica), porque dejarían de ser países de tránsito como ya declaró el Presidente Sánchez en 2018 y serían países de concentración, como ya son Francia y Alemania, una realidad que ya disgusta a Grecia y se presenta como indeseable incluso para los signatarios del pacto mundial por las migraciones. El discurso de Macron (y su política) lo ponen de manifiesto desde que en 2019 ya se declara un giro a la derecha en su discurso y el pasado mes de noviembre haya duplicado los agentes de fronteras en la frontera española para evitar el flujo migratorio.
Pensemos en un aeropuerto, tiene una zona de tránsito y unas terminales, los problemas de seguridad están fuera de las zonas de tránsito, te pueden robar una maleta cuando vas a tomar un taxi o te pueden estafar cuando quieres envolver una maleta. Las zonas de tránsito son más seguras y en ellas básicamente hay áreas de descanso y de negocios, lo mismo ocurre en Schengen. Desde el punto de vista estratégico, para los estados del sur es beneficioso mantenerse como receptores y zona de tránsito de un problema que se concentra en otro lugar, en especial con fondos europeos que permiten sostener la migración irregular como industria.
¿Es el problema la inmigración irregular? No, el problema es la concentración.
Los gobiernos liberales que apoyaban el pacto mundial y calificaban de extrema derecha a los que no lo hacían, han sido golpeados por una realidad que no se ajusta a las buenas intenciones de los convenios internacionales, de hecho, Macron es el primero que se ha visto obligado a rectificar y los Gobiernos del sur reclaman renovar el pacto de Dublín que equiparaba a todos los países frente a un fenómeno asimétrico como el de los refugiados.
Una concentración de mil hinchas de un equipo de fútbol, también serían un problema para cincuenta antidisturbios, mientras que cada uno por separado o en grupos pequeños, no serían un problema. La realidad ha demostrado que no entiende de ideologías, no es conservadora ni progresista, es asimétrica y es heterogénea por mucho que algunos se obsesionen con igualarnos. Con la realidad internacional ocurre lo mismo, la forman actores con diferente situación geopolítica, a los que afecta de manera diferente una misma dinámicas de concentración y dispersión que tienen lugar en el fenómeno migratorio.
Algunos conservadores ofrecen soluciones colectivas que pretenden emular a Australia y su éxito en la gestión de la política migratoria, sin embargo Australia no se debe al cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ni se somete a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que admite las devoluciones en caliente españolas en un contexto terrestre e individual, pero que condenó a Italia por una devolución colectiva en el mar en 2009.
En Australia han externalizado los centros de internamiento de inmigrantes irregulares fuera de su territorio (en islas como Papua Nueva Guinea o Nauru), y emplean a la Armada para interceptar embarcaciones y devolverlas a su puerto de origen (pushbacks). Mientras que la segunda medida es ilegal, la primera no está prohibida por el derecho comunitario, de aplicación en territorio jurisdiccional de cualquiera de los estados miembros de la Unión.
Las medidas han funcionado porque Australia no tiene la proyección de recibir 140.000 inmigrantes anuales, España sí, el Gobierno no lo admite, son previsiones policiales y uno de los dos se equivoca. Hasta ahora los especialistas han demostrado que con frecuencia los jerarcas tienen la autoridad y carecen de la razón (otra asimetría).
En Una Policía para el Siglo XXI valoramos que, si al Gobierno no le interesa la opinión de los policías, a nosotros sí nos afecta la suya, y hemos tomado la iniciativa ante el Ministerio de Interior, ante la Oficina del Parlamento y la Comisión Europea y ante la Embajada Francesa. Proponemos un modelo híbrido entre el sistema Australiano y el Europeo, que permita el ansiado equilibrio entre derechos fundamentales y fronteras seguras. Sugerimos externalizar los puntos de recepción en territorio extranjero con acceso portuario y derecho a desembarcar en instalaciones con jurisdicción europea, para aplicar los mismos procedimientos que hasta ahora, para practicar devoluciones en caliente de forma legal y retornos más eficientes. Nuestro sistema cumple más si cabe con los 23 objetivos de la Agenda Global apoyada por Sánchez y Macron, y representa el inicio de una política de migratoria europea común.
