El Sindicato Unificado de Policía –SUP-, insta al Ministerio del Interior, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a que potencie con más recursos las 173 Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) repartidas por las plantillas de Policía Nacional en toda España, de tal forma que esta prioridad estratégica del Gobierno encuentre el suficiente respaldo presupuestario que merecen los especialistas que forman parte de las mismas.
Entre las medidas que este sindicato viene reclamando está la cobertura completa de las 1.736 plazas que existen en el catálogo de estas unidades en todas las plantillas de nuestro Cuerpo, puesto que su índice de ocupación está por debajo de la media general de toda la Policía Nacional. A modo de ejemplo, en julio de 2019 eran 1.269 los funcionarios que prestaban servicio en estos cometidos, tanto en su faceta investigadora como de protección de las mujeres maltratadas.
Esa insuficiente dotación de recursos humanos provoca que la ratio de número de víctimas cuya protección tiene asignada PN (y que constan en el Sistema Seguimiento Integral de Violencia de Género) por cada agente sea muy elevada e impida una dedicación integral y más intensa al servicio de quienes requieren una presencia policial que impida la reiteración de ataques y agresiones o bien asesore y asista a las mujeres en cuantas gestiones y trámites sean necesarios en nuestro ámbito específico de trabajo.
En los últimos años desde el Sindicato Unificado de Policía -SUP-, se ha denunciado que esa cifra se ha elevado por encima de los 50 casos por funcionario (más de 25, descontando los casos en los que no exista un riesgo apreciable para la víctima) y esa situación solo puede encontrar solución mediante la mayor cobertura de los puestos de trabajo y su aumento en plantillas en las que el número de plazas disponibles es claramente insuficiente para atender tanto la instrucción de atestados por delitos de esta naturaleza como la protección y acompañamiento de sus víctimas. Durante el primer estado de alarma, por ejemplo, PN tuvo asignada la protección de más de 25.500 mujeres de las que unas 13.000 presentaban riesgo bajo, medio, alto y extremo.
Pero, aun con esa precariedad de recursos humanos las UFAM de toda España han tenido una intervención ejemplar durante el estado de alarma vivido por el Covid-19 entre marz.o y junio de este año
Pese a haberse producido un descenso en los primeros nueve meses del año en el número de infracciones penales conocidas en el ámbito de la Policía Nacional (-6,2% en malos tratos habituales en el ámbito familiar y un -0,3% en los malos tratos en el ámbito familiar) por las restricciones de movilidad, se realizaron casi 9.200 detenciones durante ese periodo en lo que supuso incrementar las cifras del mismo periodo del año 2019 en más de un 3,7%. Los profesionales de la Policía Nacional en esta materia, por tanto, mostraron una implicación incuestionable y asumieron que, pese a los riesgos de contagio que corrían, no había lugar para pausa alguna en el combate contra los maltratadores.
Precisamente por esos resultados de un trabajo especializado, desde este sindicato policial han planteado la necesidad de invertir en vehículos adaptados para el traslado de las víctimas, en el diseño y construcción en todas las comisarías de una zona especialmente concebida para la atención a las mujeres o en la asignación de recursos materiales y de telefonía para todo el personal dedicado a la protección que, a su vez, necesita una dedicación plena y exclusiva a esta función sin que se les pueda asignar por precariedad de efectivos a tareas diferentes en la propia UFAM.
Esos dos condicionantes, la plena dedicación y la especialización, son los que han llevado a requerir de la Dirección General de la Policía una jornada laboral adaptada a las necesidades de este servicio que compatibilice la alta exigencia laboral con una protección de los derechos de los funcionarios en cuanto a descansos, vacaciones, permisos y licencias.
En un día como hoy las víctimas son las protagonistas y la necesidad de una atención policial exclusiva y de calidad para ellas deben ser una prioridad para el Ministerio del Interior, más allá de la retórica y de los planes sobre el papel. Sin ser el servicio policial el único implicado en el combate contra esta lacra social, sí que constituye una pieza fundamental de la respuesta pública.
Desde el SUP hacen un llamamiento a todos los partidos políticos para que impulsen cuantas iniciativas sean necesarias, sobre todo en el ámbito presupuestario, para incrementar los medios con los que cuenta Policía Nacional y la calidad, en definitiva, de los recursos disponibles para las mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato.
