Con nuestros derechos y libertades heridos de muerte bajo el pretexto de esta “pandemia”, la permisividad del Gobierno y de los políticos ha permitido que la ocupación de viviendas se haya convertido en otro de los más graves problemas de nuestro país. Una auténtica bomba incendiaria en el país de los okupas. En los últimos meses aprovechando el estado de alarma se han acrecentado considerablemente los problemas de ocupación de viviendas, bloques enteros de edificios, hasta barrios, que son auténticos guetos, y han merecido titulares de prensa como “Pueblos secuestrados por los Okupas”, “La Okupación Salvaje”, “La España Secuestrada”, “Desafío Okupa”, “El Napalm de los Okupas”. Todo ello sucede porque los okupas gozan de total impunidad; de la protección del sistema; de la prerrogativa de ocupar una vivienda ajena y que les salga gratis. No pagan peaje, ni son condenados. El okupa, debidamente asesorado, dotado de un manual y rastreadores llega a transformarse en el “legítimo” poseedor de la vivienda, al “acreditar”, por distintos medios buscados de propósito, que es el morador de la misma, aunque lo sea por unas horas. Hecho insólito en Europa, como diremos más adelante.
Por el contrario, si el legítimo propietario, titular de la vivienda, pretende por las bravas recuperar su propiedad, que en muchos casos le ha supuesto el trabajo de toda una vida, se transforma por aplicación del Código Penal, en este caso sí, en un delincuente, pudiendo ser condenado por allanamiento de su propia morada o violación de su propio domicilio. Es decir, un despropósito, una locura, aunque lo cierto es que a veces se hace posible con una interpretación judicial sesgada, rigurosa y más que excesiva para el propietario y de condescendencia para el okupa. Así, se plasma la evidente indefensión, el desamparo, la indignación, la frustración, la desesperanza. También el llanto, cuando muchos ciudadanos tardan años, digo años, en recuperar su vivienda, ya destrozada, asumiendo además los daños propios y ajenos.
Este movimiento en muchos casos mafioso llega a causar terror en el vecindario, con amenazas, agresiones, robos, hurtos, cultivo y tráfico de drogas, un sinfín de delitos. Pero este movimiento incluso está justificado por algunos miembros del Gobierno y políticos, que defienden así el asalto a la propiedad privada. De esta forma, España se ha convertido con Portugal en el País de los okupas; en el país más permisivo con la ocupación ilegal; en el país que sufre con más crudeza el decaimiento de la propiedad privada, propio de los regímenes antidemocráticos, totalitarios, a los que debemos llamar desde ya regresistas, dado que nunca han respetado la propiedad privada, ni la libertad, excepto, claro está, la propia.
Ahora bien, últimamente fruto de esa frustración e indignación empiezan a surgir movimientos ciudadanos para hacerles frente, organizando patrullas vecinales, que hasta por la fuerza llegan a impedir los asaltos a la propiedad privada. El ciudadano empieza a hartarse, empieza a defender con uñas y dientes el estado de derecho, dado que la policía no cuenta con los instrumentos legales para impedir la ocupación ilegal de viviendas, salvo en los casos de flagrante delito. Me imagino lo que ocurriría si el damnificado es un “alto” político, empresario, juez, funcionario, etc. Entonces, pienso que el Okupa puede salir despedido, lanzado, en un plazo récord. Tengo ejemplos. De ahí la labor de rastreo que realizan las mafias organizadas para conocer quién es el propietario, incluso acudiendo al Ayuntamiento, Registro de la Propiedad y a otros organismo oficiales.
Pero, veamos ahora, aunque sea someramente, qué ocurre en los países de nuestro entorno democrático europeo en los que los okupas no gozan de la impunidad y permisividad existente España. Por ejemplo en, Alemania, denunciada la ocupación por el propietario, la casa es desalojada en 24 horas. Dinamarca, con la denuncia y el título de propiedad, los Okupas son desalojados por la policía de forma inmediata, sin necesidad de acudir al Juzgado. Suecia, es suficiente que el propietario lo denuncie a la policía y los Okupas son inmediatamente desalojados. Holanda, presentada la denuncia por el propietario, la policía puede personarse de inmediato en el domicilio y desalojarlo con una autorización judicial. Italia, si el propietario denuncia en la policía, se celebra un juicio rápido y se procede al desalojo, además los Okupas abonan los daños causados en la propiedad. Francia, la policía puede desalojar a los Okupas sin orden judicial, siempre que la denuncia se presente en las primeras 48 horas. Después de este plazo, el propietario debe denunciar y el desalojo se produce por decisión judicial en un plazo perentorio. Inglaterra, Los propietarios tiene dos opciones: 1º) Denunciar a la policía, que verificada la ocupación, les desaloja y detiene. 2º) Se presenta un formulario de orden de posesión interina a las autoridades en un plazo de 28 días desde la ocupación, recibida la confirmación y entregada a los Okupas, tendrán que abandonar la vivienda en 24 horas, si no quieren ser detenidos.
Como puede comprobarse cualquier parecido con la realidad española es pura coincidencia. En nuestro país el Okupa es el rey del mambo y campea por sus fueros con el beneplácito del poder, hasta judicial, por la lentitud y falta de normas ágiles. Ahora bien, hace poco las Fiscalías de Baleares y Valencia han meneado el árbol del desprecio a la propiedad privada pretendiendo frenar esta práctica mafiosa, con un procedimiento auténticamente rápido, drástico, no como la mal llamada ley de desalojos exprés de 2018, dando instrucciones a la policía para actuar de forma inmediata y sin necesidad de resolución judicial. Esperemos que la Fiscalía, esta vez del Estado, dé el visto bueno y dicte un Decreto General de obligado cumplimiento, pues como decía Milton Friedman “Los derechos de propiedad no son únicamente una fuente de libertad económica. También son una fuente de libertad política”. Espero que no se quede en un anuncio, vamos en una entelequia, como en otras ocasiones ¡Ya veremos!
Algún día, no lejano, escribiré sobre la falta de acceso a la vivienda, que también es un derecho que hay que tratar de resolver, pero no permitiendo a los grupos o movimientos mafiosos arrebatar la propiedad, con triquiñuelas de todo tipos, a los que la han ganado con el sudor de su frente.
MANUEL NOVÁS CAAMAÑO | Abogado
