Columna de Ricardo Magaz. “CRÓNICAS DEL NUEVE PARABELLUM”.
“La legalización de las drogas para luchar contra el narcotráfico no es una opción; sólo serviría para agravar el problema”. Así concluyó en su día el jurista Hamid Ghodse, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, la presentación del memorándum ante el Consejo Económico y Social en Viena.
¿Despenalizar?
La exhortación, en su momento, del máximo responsable de la JIFE de Naciones Unidas rebate las propuestas a favor de despenalizar la producción, transporte y comercio de drogas para combatir la lacra que supone el narcotráfico y sus secuelas: la violencia, la corrupción, las mafias, los clanes, las redes, los cárteles y en definitiva los grupos de crimen organizado transnacional.
En el tema de las drogas, como en otros aspectos de la vida, se puede estar de acuerdo con una posición o con la opuesta. Ambas merecen respeto, siempre que se formulen desde el sentido común. Quienes hayan seguido algunos de mis textos acerca de esta materia conocerán la postura que mantengo al respecto. “Todas las pasiones son buenas si uno es dueño de ellas; todas son malas si nos perjudican”. Esta frase introduce al lector en las páginas de mi libro “El esclavo mundo de las drogas”, publicado hace casi treinta años. Y en esa misma tesitura sigo tres décadas después de haberlo firmado y advertir de los riesgos del consumo esporádico o reiterado y del deterioro de la salud pública que conlleva.
¿Sentido común?
He de reconocer, no obstante, a pesar del tiempo transcurrido, mi incapacidad para pronunciarme con determinación sobre si es adecuado o no legalizar las drogas para acabar con su tráfico ilícito y los tremendos males que acarrea. Y no se trata de ambigüedad o falta de arrojo. En absoluto. Se me antoja un juicio de tal calado que me preocupa errar en un asunto en el que cientos de miles de vidas, acaso millones, están seriamente afectadas.
“LAS DROGAS, SOCIALIZADAS O PROHIBIDAS, PASAN FACTURA. INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE REFRENDAN O SE PROSCRIBEN”
Evidentemente, muerto el perro debería cesar la rabia. O formulado de otro modo, si se legalizan las drogas se evitaría, en teoría, su tráfico ilícito y gran parte de la criminalidad que originan, además de las adulteraciones y el lavado de dinero manchado de sangre. Pero lo cierto y verdad es que no siempre las cosas discurren de acuerdo al sentido común, ese tópico al que se recurre para explicar en pocas palabras que a menudo es el menos común de los sentidos.
Complejidad
La complejidad del problema reviste un carácter mundial y, por tanto, exige una actuación a todos los niveles: internacional, nacional e incluso local. Al observar los logros y las experiencias de la fiscalización de drogas desde que se firmó la Convención Internacional del Opio en 1912, resultaría necesario para impedir el narcotráfico un acuerdo de prácticamente todas las naciones del mapamundi. ¿Es posible ahora? Nada se lograría si unos pocos Estados de los 193 reconocidos por la Asamblea General de la ONU quedaran fuera, circunstancia más que probable. No conviene crearnos falsas expectativas.
Hagamos un somero análisis de aquellas drogas que son legales y, por consiguiente, están socializadas y no causan alarma. Léase tabaco y alcohol.
Tabaco de contrabando y alcohol adulterado
En virtud del dictamen de Naciones Unidas, si fijamos la lupa en este tipo de sustancias, cada año matan entre 10 y 15 veces más que las drogas prohibidas. El delito relacionado con su comercio clandestino no ha desaparecido y, de hecho, constituye un segmento importante de la actividad criminal. El contrabando de tabaco se encuentra a la orden del día y la compra-venta de alcohol fraudulento lo podemos ver y padecer, sin ir más lejos, en muchos establecimientos de ocio de nuestros barrios donde despachan sucedáneos garrafoneados en un claro delito contra la salud pública, tipificado en el Código Penal.
Por lo que incumbe al tabaco, y de acuerdo a la OMS, es una de las epidemias de los tiempos que corren. En términos globales, el consumo de cigarrillos resulta responsable
del treinta por ciento de las muertes por cáncer. En el siglo pasado, cerca de cien millones de seres humanos fallecieron en el mundo, de una u otra manera, a resultas de la nicotina. La “cuota” de España se halla en 50.000 víctimas anuales.
¿Y el alcohol? Según la Sociedad Científica Española de Criminología, el alcohol etílico es la droga más utilizada en el país; alrededor de 1.700.000 personas admiten abusar gravemente de él. Así, una parte no despreciable de homicidios, lesiones y suicidios que se registran en España están vinculados con el alcohol, un producto considerado droga dura en el listado de la OMS. Por otro lado, la bebida es responsable indiscutible de cuantiosos accidentes de tráfico. Si a esta coyuntura se añaden las defunciones por su empleo compulsivo, cada año se originan más de 13.000 fallecimientos supeditados a la ebriedad.
Intereses transfronterizos y geopolíticos
Así las cosas, no parece probable que a pesar de la sangría de víctimas ligadas a todo tipo de drogas se pueda poner, en un periodo prudencial, orden y concierto en estas asignaturas pendientes donde concurren infinidad de intereses transfronterizos y geopolíticos. Naciones Unidas no siempre goza de capacidad ejecutiva suficiente para hacer cumplir ipso facto sus resoluciones y mandatos. Cuando caminas por los interminables pasillos de su sede central en Nueva York y preguntas por la modestia de algunas de sus instalaciones, a menudo te responden lo mismo: “defaulter”. Es decir, morosidad. Numerosos Estados no solventan sus cuotas y otros compromisos adquiridos, debilitando de tal modo el plano jurídico y gubernamental.
Con todo, una cosa es cierta y no admite dudas: las drogas, socializadas o prohibidas, pasan factura. Independientemente de si se refrendan o se proscriben. Y, en efecto, en ese tipo de hábitos nocivos para la salud no existe “morosidad”; la deuda se paga de inmediato. El drama de los enfermos toxicómanos, cualesquiera que sea la sustancia, lo pone de manifiesto. La ONU sabe de lo que habla.
(*) Ricardo Magaz es profesor de Fenomenología Criminal en la UNED, ensayista y miembro de la Policía Nacional (s/a)
