La Guardia Civil, en el marco de la operación “TORSELF”, ha desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización delictiva que, a través de un complejo entramado mercantil, había estafado a cerca de 250 personas una cantidad estimada de unos 10 millones de euros, aunque la cantidad exacta todavía está pendiente de cálculo.
Hasta el momento, se ha detenido a 8 personas y se ha investigado a otras 7 como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
Se han realizado 7 registros en varias localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redován) y de Murcia (Murcia capital y Sucina). En ellos se han intervenido 192.525 euros (50.000 de ellos escondidos en un carrito de bebé, en la casa del cabecilla), 34.600 francos suizos, 4 coches de alta gama, cuantiosa documentación, efectos electrónicos y una máquina de contar billetes. También, se ha procedido al bloqueo de 43 cuentas bancarias (18 de ellas cuentas de valores), que sumaban una cuantía total de 234.023 euros.
El dinero incautado en los registros asciende a unos 192.500 euros y 34.600 francos suizos, y se han bloqueado 234.000 euros procedentes de 43 cuentas bancarias.
La operación se inició en febrero de 2019 tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria ubicada en Madrid que se había visto perjudicada por esta organización delictiva, ya que habían utilizado su nombre como respaldo para captar nuevos inversores.
Asimismo, se detectó que la cuenta bancaria de una de las mercantiles sospechosas había transferido fondos por valor de un millón y medio de euros, lo que hizo presuponer que se trataba de un caso claro de blanqueo de capitales.
Una estafa piramidal a gran escala y un blanqueo superior a 5 millones de euros
Después de una investigación que ha durado más de un año, la Guardia Civil ha podido constatar la existencia de una red integrada por más de 20 miembros, cuyo dirigente tenía la función principal de invertir en bolsa con el dinero aportado por terceras personas a sus “empresas”. El resto de miembros estaban encargados de captar nuevos inversores, entre sus conocidos y allegados, a cambio de un beneficio de un 3%-5% del capital invertido.
El anzuelo para conseguir estos inversores eran las altas rentabilidades que prometían, entre el 15 al 30% al mes, muy por encima del interés medio que se ofrece en el mercado tradicional. Después, para que creyeran que eran una empresa seria y segura, cumplían con los primeros pagos de los intereses, pero avanzado el tiempo y, especialmente, cuando lograban “enganchar” cantidades importantes, dejaban de pagarlos.
Para evitar denuncias, los estafadores renegociaban la deuda, hasta el punto de ofrecer devoluciones de tan solo el 10% del capital invertido, cuyos inversores aceptaban a la desesperada, temiendo que si se negaban, perderían el 100% de su dinero. Con esta táctica han podido acopiarse de varios millones de euros (unos 10 millones hasta el momento) y se han contabilizado más de 250 personas con alguna cantidad pendiente de devolución, aunque el importe estafado está aún por determinar.
El blanqueo de importantes sumas de dinero en efectivo, de procedencia ilícita o irregular, que hasta el momento asciende a los 5 millones, también era parte de su actividad delictiva. Consensuaban acuerdos con inversores que no querían aparecer en los contratos, con otros cuyas inversiones las efectuaban terceros en su nombre, o incluso inversores que entregaban dinero en efectivo, para la compraventa de vehículos o inmuebles. En los peores casos, se observaron nexos fuertes con otras organizaciones delicitivas, a las que servían de puente para blanquear el dinero procedente de supuestos ilícitos penales.
Peculiaridades de la organización delictiva
El cabecilla del grupo gozaba de tal poder de persuasión, que incluso logró que inversores estafados pidieran préstamos para invertir más dinero. A ellos, se les aseguraba que invirtiendo más, la recuperación del capital inicial sería más rápida. Sin embargo, algunos de ellos han acabado totalmente endeudados, como es el caso de una señora que efectuó hasta 15 contratos, entre renovaciones y nuevas inversiones, por un millón de euros.
Además, debido a la importante cantidad de dinero en efectivo que movía la organización, este dirigente contaba con férreas medidas de seguridad en su vivienda y se rodeó de “matones” para su protección personal.
Otros de los miembros fueron en su día inversores, pero ante la imposibilidad de retirar su dinero, decidieron dedicarse a captar nuevas víctimas para recibir comisiones y recuperar algo del dinero invertido.
También alardeaban de que eran una mercantil tan solvente y exitosa, que invitaba a los clientes a visitar sus “lujosas” oficinas en una urbanización de Torrevieja; unas oficinas poco convencionales, si se tiene en cuenta que sólo abrían “a su público”.
Al frente de algunas de estas mercantiles investigadas (un total de 8 domiciliadas en el mismo lugar: Torrevieja), se nombraban testaferros como administradores, que en algunos casos carecían de estudios y apenas sabían leer y escribir.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevos investigados.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, que han contado con la colaboración de agentes de Policía Judicial, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja y del Servicio Cinológico de las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante y de Madrid.
Consejos y recomendaciones
La Guardia Civil, a través de sus especialistas en Delitos Económicos, advierte del riesgo que supone para los inversores particulares este tipo de entramados definidos como “chiringuitos financieros”.
Al operar totalmente al margen de la legalidad, sin autorización para llevarla a cabo y sin control de ningún organismo público competente en la materia, como sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, no están adheridas al Fondo de Garantía de Inversiones o Depósitos, que sería lo único que protegería a los inversores, en caso de insolvencia de la entidad no autorizada.
